Ningún niño o niña nace violento, aprende a serlo

El ejercicio de la violencia no es una conducta natural en ningún ser humano. Ningún niño llega al mundo sabiendo golpear, humillar o herir. La violencia se aprende y, con mayor frecuencia de lo que quisiéramos admitir, se enseña en el único espacio que debería ser refugio: el hogar.

De acuerdo con estudios de la Unicef sobre violencias en la primera infancia, la exposición a disciplinas violentas, que pueden ir desde gritos, humillaciones, amenazas, hasta castigos corporales, no sólo deteriora el desarrollo socioemocional, sino que incrementa la probabilidad de que los niños reproduzcan comportamientos violentos hacia otros niños y adultos. En tal sentido, la agresión se vuelve un lenguaje aprendido, un modo de resolver frustraciones, una forma de relación que se normaliza porque fue la primera que conocieron.

En América Latina, la situación es especialmente alarmante: dos de cada tres niñas y niños de entre dos y cuatro años experimentan regularmente algún tipo de disciplina violenta en casa, cifra que, más que un dato estadístico, debería leerse como una crisis silenciosa dentro de los hogares, como un fenómeno que nos obliga a mirar hacia adentro y reconocer que los primeros escenarios de violencia no son las calles ni las pantallas, sino los espacios íntimos donde un ser humano comienza a comprender cómo funciona el mundo.

Ante esa realidad, la educación adquiere un rol estratégico. Las escuelas pueden convertirse en espacios de detección temprana, de intervención y, sobre todo, de prevención. Sin embargo, ningún esfuerzo educativo será suficiente si no se trabaja también con quienes ejercen la crianza en casa.

En varios países, reconocer el papel central de los padres en la formación de las conductas infantiles ha llevado a la creación de políticas públicas que los colocan en el centro del debate. Suecia, por ejemplo, prohibió los castigos corporales desde 1979 e implementó programas nacionales de acompañamiento a madres y padres, centrados en crianza positiva, manejo de estrés y resolución pacífica de conflictos.

Uruguay y Costa Rica han adoptado modelos similares: leyes que prohíben explícitamente el castigo físico en el hogar, acompañadas de campañas y programas que enseñan a los adultos a ejercer una crianza más consciente. Aunque los resultados no son inmediatos, se ha documentado un aumento en la denuncia, un descenso en la aprobación social del castigo corporal y una mayor participación de las familias en talleres de parentalidad.

Pero quizá el punto más relevante es que estas políticas no buscan criminalizar a los padres, sino responsabilizarlos, y es que la violencia infantil no puede comprenderse sin entender que los adultos son quienes modelan la conducta. Un niño no elige la forma en que es tratado, pues aprende de ella. Por eso, imputar responsabilidad a los padres no es una acción punitiva, sino una forma de reconocer su papel determinante en el desarrollo emocional de sus hijos.

Por todo ello es que en el Partido Verde, desde el Congreso de la Ciudad de México, hemos propuesto establecer, por ley, la obligación de las autoridades a orientar a los padres responsables del cuidado y tutela de niños y adolescentes generadores de violencia, maltrato o acoso en las escuelas.

Asimismo, establecer sanciones, como multas o la pérdida de la libertad para los padres o turores, cuya omisión en los cuidados de los menores de edad deriven en actos de bullying hacia otros menores dentro de planteles educativos de la capital del país.

Y es que no basta con lamentar la agresividad sin mirar el origen: los niños no nacen violentos, aprenden a serlo.