Los delitos ambientales reclaman sanciones más contundentes

Los problemas en torno al tema del agua continúan en la Ciudad de México y, por segundo día consecutivo, habitantes de la alcaldía Benito Juárez bloquearon la avenida Insurgentes para exigir solución a un problema de contaminación del líquido que ha afectado a varias colonias y que aún no encuentra responsabilidades específicas.

Resulta lamentable que un recurso tan vital y tan escaso como el agua se siga poniendo en riesgo a causa del descuido y la irresponsabilidad humana, aún más lo es que este tipo de crímenes contra los recursos naturales no reciban una sanción de la misma magnitud que el daño que generan.

En torno a la crisis global que enfrenta el agua, elemento vital para la vida en el planeta, hay que considerar que su origen se basa, en gran medida, a su contaminación y mal uso. En tal sentido, los delitos ambientales que afectan la calidad de este recurso, como lo es el vertido de desechos industriales o domésticos, no sólo no deben quedar impunes, sino que deben recibir sanciones efectivas y ejemplares, toda vez que su impacto representa una amenaza muy seria tanto para la salud pública como para el medio ambiente.

Si bien el jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, anunció que el origen del problema del agua contaminada en Benito Juárez ya fue identificado y se han tomado medidas para mitigar su impacto, procediendo al cierre de un pozo y a la clausura de dos industrias que manejan el tipo de sustancias detectadas en el vital líquido, lo cierto es que el costo social y económico que este hecho ha generado no será subsanado por los responsables. Y éste es sólo uno de los tantos casos que se presentan en las diferentes entidades de nuestro país en materia de crímenes contra el medio ambiente.

Dicha situación no puede continuar así. Las sanciones a los responsables de ese tipo de delitos son cruciales para enviar un mensaje claro de que la contaminación del agua y los demás recursos naturales no será tolerada. Las multas económicas, la clausura de instalaciones contaminantes y, en casos graves, la imposición de penas de cárcel, son medidas que pueden disuadir a empresas y personas de cometer actos que dañen nuestro entorno natural.

En tal sentido, en el Partido Verde hemos manifestado y puesto sobre la mesa la importancia de considerar como graves todos los delitos contra el medio ambiente cuando se compruebe que la acción fue realizada con dolo, pues sólo así se podrá reducir la criminalidad ambiental y disuadir este tipo de acciones en beneficio de los recursos naturales, que se encuentran cada vez más amenazados y, por supuesto, de las personas.

La importancia de proteger el medio ambiente se ha vuelto tan fundamental en las agendas globales, que en continentes como el europeo los delitos contra la naturaleza ya se abordan con multas económicas y hasta diez años de cárcel para los responsables de acciones como el vertimiento de sustancias contaminantes en recursos hídricos.

En tal sentido, es importante que, tanto en la Ciudad de México como en el resto de nuestro país, exista la coordinación entre las distintas fiscalías y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y sus homólogos en las entidades federativas, a fin de detectar, abordar y perseguir los daños ambientales de forma más eficaz y que los responsables de los mismos tengan claro que no habrá más impunidad.

Por supuesto, además de las sanciones, es importante promover la educación ambiental y la conciencia ciudadana sobre la importancia de cuidar el agua y los ecosistemas, así como fomentar la cultura de vigilancia y denuncia, porque hoy los delitos ambientales reclaman trabajo coordinado y acciones más contundentes.