Lograr el equilibrio entre turismo y vida comunitaria en la CDMX

Esta semana, el Gobierno de la Ciudad de México anunció que enviará al Congreso local un segundo paquete de reformas para la regulación de la renta de inmuebles a través de plataformas digitales como Airbnb y Booking. Y es que el desafío es claro: ¿cómo garantizar que el crecimiento económico impulsado por el turismo digital no perjudique la calidad de vida de las comunidades locales?

El 4 de abril pasado entraron en vigor algunos cambios a la Ley de Turismo de la Ciudad de México, con el objetivo de abordar algunos de los problemas más inmediatos relacionados con estas plataformas de renta. Dichas modificaciones están encaminadas a combatir la competencia desleal entre el sector hotelero y plataformas como Airbnb, así como reforzar las obligaciones fiscales de los anfitriones, entre otras cuestiones, para dar mayor certeza, tanto a anfitriones como a huéspedes.

Y aunque estas reformas fueron un primer paso, quedaron fuera varios temas fundamentales, tales como el impacto económico, cultural y social que estas rentas de corta estancia tienen en las comunidades locales. Además, no se abordaron de manera clara los problemas de inseguridad, fraudes, narcomenudeo y extorsiones que algunos vecinos han reportado en torno a la operación de estas propiedades. Uno de los problemas más significativos es que, aun cuando las plataformas de renta de inmuebles traen beneficios económicos, los costos para la ciudad son altos, pues, a pesar de que no exista un tabulador específico, el gasto en seguridad, servicios de emergencia, agua y recolección de basura en zonas donde hay una alta concentración de alojamientos temporales aumenta sin que haya una retribución proporcional por el uso de esos servicios.

Esto genera un desequilibrio entre los beneficios que obtienen los propietarios y las plataformas digitales, sin considerar los costos ocultos que debe absorber la ciudad y sus residentes. De aquí la necesidad de un nuevo marco regulatorio que incluya no sólo cambios a la Ley de Turismo, sino también al Código Civil, el Código Fiscal y la Ley de Propiedad en Condominio.

Uno de los objetivos principales de estas reformas debería ser la creación de la Norma General de Ordenamiento 30, que regule la actividad de arrendamiento de vivienda de corta estancia en suelos habitacionales. Este cambio, junto con los ya mencionados, permitiría mitigar el impacto de las rentas temporales en la vida comunitaria y las finanzas de la ciudad.

No es la primera vez que ciudades alrededor del mundo enfrentan estos problemas. Barcelona y Madrid, por ejemplo, han implementado regulaciones estrictas que exigen a los anfitriones registrar sus propiedades y obtener licencias para alquilar a corto plazo. Además, en ambas ciudades se han prohibido los alquileres turísticos en ciertas zonas para frenar el aumento de precios de la vivienda, evitar desplazamientos y garantizar el acceso a los residentes locales.

Por otro lado, en Lisboa, Portugal, con un enfoque más comunitario, las medidas protegen a los residentes locales de ser desplazados debido al aumento de los alquileres turísticos, al tiempo que se intenta preservar el tejido social de los barrios. Modelo que debería considerarse en la capital del país, que posee una amplia riqueza de barrios y comunidades culturales y donde los residentes locales de las zonas urbanas tienen que enfrentar cada vez más dificultades de acceso a la vivienda debido al alza de precios generada por la demanda turística.

Es innegable que el turismo es una fuente vital de ingresos para la Ciudad de México y que plataformas como Airbnb incentivan dicha actividad, sin embargo, es crucial no perder de vista que este crecimiento no debe ser a costa de las comunidades locales y debe haber un equilibrio entre turismo y vida comunitaria. La Ciudad de México debe seguir siendo un lugar atractivo para visitar, pero también un lugar digno para vivir.