Legislar con responsabilidad ambiental

Ya no hay mañana ni tampoco opción: la mitigación del impacto ambiental debe ser la columna vertebral de toda política pública y, en consecuencia, una constante en toda interacción social, económica y cultural de las personas.

La crisis ambiental está generando muerte, enfermedad, hambre, guerra, mala calidad de vida y muchos otros conflictos en el mundo, superando incluso aquello que sólo creímos conocer a través de una película de ciencia ficción. Y todo ello, por supuesto, tiene sus consecuencias para el país y sus ciudadanos.

De acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “una de cada seis muertes en el mundo está relacionada con enfermedades causadas por la contaminación”, o lo que es igual, la contaminación está cobrando la vida de nueve millones de personas cada año; la falta de agua potable y salubre cobra la vida de 1.4 millones de personas anualmente, en su mayoría menores de edad, y millones más viven enfermas por la falta de saneamiento público del recurso; más de 250 millones de personas viven con malnutrición e inseguridad alimentaria, esta última, cada vez más enraizada, debido a la presencia de fenómenos climatológicos como sequías, inundaciones y tormentas tropicales más extremas, debido al cambio climático. Y la especie humana no es la única que enfrenta los efectos del daño ambiental: el 48% de las especies que componen los reinos animal y vegetal podrían desaparecer a causa de dichos fenómenos.

Mucho se habla en convenciones y congresos sobre la necesidad de adoptar modos de vida y políticas sustentables y sostenibles, no obstante, los esfuerzos no han llegado a cuestiones tan básicas como trabajar la mitigación del impacto ambiental desde el centro de las políticas locales y es que, si bien el cambio climático es un asunto que nos afecta a todos, su impacto se refleja de forma diferente en cada comunidad.

En ese sentido, es necesario que, más allá de una Comisión encargada de emitir y analizar propuestas legislativas en materia específica de cambio climático y medio ambiente, haya un órgano que supervise que todas las acciones que se desprenden de la labor legislativa, es decir, que tienen que ver con el desarrollo económico, social y cultural de las personas y la ciudad, posean responsabilidad ambiental desde su creación hasta su adopción.

Como siempre lo he dicho, la Ciudad de México es un gran ejemplo en vanguardia e implementación de nuevas alternativas para el progreso social y económico de sus ciudadanos y, en este caso, no se puede quedar atrás. Las distintas problemáticas que enfrenta la sociedad actual han dado pie a la creación de centros de estudios y análisis o unidades administrativas especializadas en temas como igualdad de género, economía, presupuesto o finanzas públicas, por lo que el tema medio ambiental y de combate al cambio climático no puede ser la excepción, pues hoy en día es una de las principales problemáticas a todos los niveles.

En tal sentido, hace unos días solicité a los legisladores de las diferentes fuerzas políticas que integran el Congreso de la capital del país su atención y compromiso para la creación de la Unidad de Estudios Ambientales y de Mitigación al Cambio Climático del Congreso de la Ciudad de México, como un órgano de apoyo técnico, institucional y no partidista, encargado de elaborar y proporcionar elementos para el desarrollo de las tareas legislativas de los órganos de gobierno, comisiones, comités y grupos parlamentarios, en materia de impacto ambiental y de adaptación y mitigación al cambio climático.

De este modo, el órgano legislativo local contaría con un órgano interno permanente, integrado por especialistas, encargado de analizar los dictámenes emitidos y aprobados por las distintas comisiones, en rubros como desarrollo, ciencia y tecnología, cultura, deporte, justicia, salud, educación, economía, turismo, espacio público y vivienda, y todos aquellos que se tratan en el Congreso local para mejorar la vida en la entidad.

Ello permitiría que, tras ser aprobados, el posible impacto ambiental de los proyectos ya haya sido analizado y, al fin, la mitigación del impacto ambiental se establezca como un eje transversal en toda legislación en la CDMX.