Eliminar las barreras que impiden la procuración de la justicia ambiental

En muchas ocasiones, la aplicación de la ley ante irregularidades cometidas por actores públicos o privados es una cuestión de resistencia por parte de los mismos, pero en otras se trata de una cuestión de sesgos, limitaciones o falta de alcance debido al contenido de las normas, como es el caso de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que posee una barrera para que, en este caso, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) pueda garantizar la óptima protección de los derechos ambientales de las y los capitalinos.

Les voy a contar por qué digo que la Ley de Justicia Administrativa contiene esa  barrera: dicha ley establece que la PAOT cuenta con un plazo de 45 días para interponer acción pública ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

La acción pública es básicamente el recurso legal mediante el cual se hace del  conocimiento del Tribunal de Justicia Administrativa la existencia de una irregularidad o acto de ilegalidad en materia de permisos, autorizaciones, licencias o actos administrativos. Esto lo pueden hacer las personas físicas o morales que demuestren tener un interés legítimo u órganos de representación ciudadana que consideren que sus derechos patrimoniales o jurídicos se ven afectados debido a la ejecución de construcciones, cambios de uso de suelo u otros aprovechamientos de bienes inmuebles que contravengan lo establecido en la Ley de Desarrollo Urbano y sus reglamentos.

En el caso de la PAOT, esos 45 días corren a partir de que se presenta la denuncia o se inicia la investigación de oficio, pero no consideran que el proceso que la PAOT debe realizar previo a lograr un dictamen o una resolución bien fundamentada, que compruebe que, efectivamente, existe una acción de ilegalidad, conlleva múltiples acciones, trámites y, por supuesto, mucho tiempo.

Dicho plazo, en pocas palabras, resulta insuficiente y representan un impedimento para que la PAOT pueda ejercer de forma óptima su labor en defensa del medio ambiente y del ordenamiento territorial, pues, como consecuencia, muchas acciones públicas no se presenten a tiempo y son desechadas por el Tribunal por extemporáneas.

En una segunda instancia, el tema también es relegado por los tribunales federales, lo cual deja en un estado de indefensión, no sólo a las personas que denuncian o lo hacen en su representación (como la PAOT), sino a todas y todos los capitalinos que se ven afectados por la realización de obras que no cuentan con los permisos correspondientes y que dañan el medio ambiente y el desarrollo urbano.

Como solución sencilla, podría pedirse a la PAOT apresurar la marcha a fin de presentar dentro de esos 45 días la acción pública, pero eso pondría en juego el óptimo ejercicio de su labor al caer en el error de presentar un documento endeble, sin el nivel de investigación pertinente y que fácilmente podría ser desestimado por el Tribunal, lo cual, de igual forma que la insuficiencia del plazo, afectaría al ordenamiento territorial de la entidad y a los derechos de las y los capitalinos a un medio ambiente sano.

Por ello es importante que el plazo con el que cuenta la PAOT para interponer la acción pública no empiece a contar a partir de que se le presenta una denuncia o comienza una investigación de oficio, sino a partir de que emite la resolución administrativa o el dictamen técnico respectivo después de llevar a cabo una investigación exhaustiva.

Esa modificación a la ley es más que necesaria porque, como todos sabemos, en los últimos años el sector inmobiliario y comercial ha experimentado un crecimiento acelerado en la Ciudad de México que ha traído consigo un aumento también en la existencia de construcciones, actividades y aprovechamientos del suelo que no se ajustan a la Ley. Espero que el Congreso no tarde mucho en aprobarla por el bien de la Ciudad y de todos los capitalinos.