El transporte público debe dejar de representar un riesgo

Robo, acoso, agresión y extorsión son algunos de los riesgos a los cuales los usuarios de transporte público se exponen día con día. Y ni qué decir de las malas condiciones físicas en que se encuentra la mayoría de las unidades, la falta de mantenimiento, la mala calidad del servicio, la ineficiencia en algunas rutas y la falta de capacitación de muchos conductores que, por si lo anterior fuera poco, aumentan el factor de riesgo a la integridad de los usuarios. Ésa es la situación “general” del trasporte público en México.

Si bien lograr un servicio de transporte seguro, accesible y eficiente depende de múltiples factores, la inseguridad que se vive en él está fuertemente asociada a la falta de herramientas para la prevención y atención oportuna del delito, así como de la aplicación efectiva de la ley, pues la corrupción y la impunidad son grandes aliadas de la delincuencia.

Asimismo, la desigualdad económica y social tienen su impacto, pues está comprobado que en muchos países latinoamericanos ello ha abonado al crecimiento de la criminalidad y la delincuencia; la falta de inversión en infraestructura y mantenimiento, tanto de las unidades como de las vialidades, es otro motivo, pues la existencia de estaciones o bases deterioradas, sistemas de iluminación deficientes y la ausencia de personal de seguridad contribuyen a generar condiciones de inseguridad.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), entre enero y noviembre del año pasado se abrieron un total de 698 carpetas de investigación por robo con violencia en el Metro, Metrobús, Trolebús y microbuses, y estos últimos concentraron la mayoría de los delitos, con 328 incidentes, lo que representa el 47% del total de las denuncias.

Pero la inseguridad y la mala calidad en el servicio de transporte concesionado no son algo nuevo, ya que han pasado décadas desde que comenzaron a representar un problema con repercusiones sociales y económicas, tanto para los gobiernos como para las personas, pero es tiempo de dejar de pensar en este problema como un abismo sin final, como si cambiar la situación no estuviera en las manos de todos.

Hay que considerar que el desafío es también en materia de educación y cultura cívica, pues la falta de conciencia respecto a la importancia de cuidar y mantener en buenas condiciones las unidades y la infraestructura, a fin de conservarlas funcionales y limpias, depende, en gran medida, de la participación ciudadana. La denuncia del delito y el reporte de anomalías lo son también, pues la forma tan natural en que nos hemos acostumbrado a ver el abuso y la violencia hacia los otros, debido a lo cotidianos que resultan, alimentan la impunidad y, en consecuencia, fortalecen la delincuencia.

Es preciso que las autoridades formulen mecanismos para responder de manera más oportuna y eficiente ante el acoso, el delito y la violencia en el trasporte público, para lo cual es necesario el mejoramiento de la infraestructura y el uso de tecnologías en mecanismos de vigilancia y atención inmediata, pues cabe destacar que, de acuerdo con especialistas, la probabilidad de que una persona o algún miembro de su familia sufran algún tipo de delito ronda el 80%, el cual podría reducirse considerablemente recurriendo a la modernización mediante sistemas de geolocalización, cámaras de videovigilancia y botones de pánico.

El transporte público en México debe dejar de representar un riesgo para la integridad de las personas, para lo cual, además de atender el tema de la seguridad, es fundamental crear conciencia sobre la importancia de la colaboración entre comunidad, concesionarios y autoridades, a fin de generar un cambio significativo que nos beneficie a todos.