El derecho al cuidado: una nueva política pública en la CDMX

En 2023, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 29 de octubre como el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo para recordarnos que cuidar, ser cuidado y autocuidarnos no es una tarea privada y tampoco es exclusiva de las mujeres, es un derecho humano y una responsabilidad compartida.

Y, por primera vez en nuestro país, esa conversación aterriza en una política pública concreta. La propuesta de Ley del Sistema Público de Cuidados presentada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y la agenda paralela en el Congreso capitalino abren camino al reconocimiento por ley del derecho al cuidado, al tiempo de romper con el estereotipo de la mujer como principal responsable de esa labor.

La iniciativa es ambiciosa, pues plantea una red de infraestructura y servicios que incluye centros de cuidado infantil y de primera infancia, casas de día para adultos mayores, espacios de rehabilitación para personas con discapacidad, comedores comunitarios, lavanderías gratuitas, hogares de larga estancia, y programas de formación para masculinidades responsables.

Ello fortalece la ruta hacia la equidad y hace que el tiempo no remunerado y cuya carga suele depositarse en la mujer, deje de ser un agujero negro que traga oportunidades educativas, ingresos y salud mental. El programa Ciudad que Cuida a quien Cuida reconoce la realidad: hay mujeres que dedican la jornada completa a cuidar y merecen apoyo económico, capacitación y respiro.

Invertir en el derecho al cuidado y en su reconocimiento, no sólo reduce brechas de inequidad, también impulsa la participación laboral, crea empleo formal en servicios de cuidado y da certidumbre presupuestaria al sustituir soluciones improvisadas por una red pública con estándares claros.

Y, sin duda, la cara ineludible de este esquema es la corresponsabilidad. Si el sistema se limita a abrir centros, pero no transforma normas sociales, el avance no será total; de ahí la importancia de incluir formación en masculinidades responsables que impulsen la participación del hombre como corresponsable de tiempo completo y no como simple “ayudante” esporádico.

Igual de importante es el reconocimiento a la participación de otros sectores, pues no se puede pretender cargar el peso total del sistema al gobierno local, se necesita coordinación metropolitana, participación del sector privado y músculo comunitario para que la red no se reduzca a simples intentos.

También es relevante que el debate trascienda más allá de la capital del país, mediante una Ley General de Cuidados que dé paso a la creación de un sistema nacional, con autoridades definidas en los tres órdenes de gobierno y participación de sectores productivos y organizaciones sociales.

De ahí que el Partido Verde se mantenga insistente en la creación de un sistema público de cuidados con servicios universales, accesibles y de calidad, que priorice la atención a niñas y niños, adultos mayores, personas con discapacidad o en situación de dependencia y también reconozca y recompense a quienes hoy cuidan sin recibir un pago a cambio.

Es preciso crear un sistema que homologue estándares a nivel nacional y contribuya a cerrar las brechas sociales y económicas que hoy limitan la calidad de vida de las mujeres y de las personas que dedican su vida o parte de ella a la labor de cuidados.

Cuidar no puede ser una lotería postal donde el código de tu colonia determina si accedes o no a un servicio clave. Si casi ocho de cada diez hogares del país tienen personas que requieren cuidados, la escala nacional no es un capricho: es la medida del problema.