Cuando se habla de seguridad, nada es ni demasiado ni a la ligera

En nuestro país, como en muchos otros de Latinoamérica donde cuyos cuerpos de seguridad pública se han visto rebasados por la presencia del crimen organizado y la violencia, la introducción de las fuerzas militares para reforzar la seguridad ciudadana ha sido un recurso común que, pese a generar diferencias de opiniones, ha dado resultados.

Hace algunos días, la organización México Evalúa presentó el estudio La otra militarización: Fuerzas Armadas al frente de instituciones estatales de seguridad pública en México, 2011-2024, el cual analiza tanto el desarrollo, como la participación de los elementos de la institución en las labores de protección ciudadana.

Y aunque el debate en torno a la efectividad versus las consecuencias de la presencia de las fuerzas del Estado en las calles no ha logrado llegar a consenso, no se puede negar que en diversas ocasiones ha dado resultados positivos.

El ejemplo más reciente es El Salvador, que, aun con lo controversial del Plan Control Territorial lanzado por el presidente Nayib Bukele en 2019 en su lucha contra las pandillas, ha logrado importantes resultados en la reducción de la tasa de homicidios en el país y la detención de más de 64 mil criminales, según declaraciones del mandatario.

De manera similar, Brasil ha recurrido a intervenciones federales en Río de Janeiro, donde el crimen organizado en las favelas ha sido un problema persistente. Dichas intervenciones han logrado, en algunos casos, reducir temporalmente los niveles de violencia y restablecer el orden en áreas conflictivas.

Uno de los principales argumentos a favor de la incorporación de las fuerzas militares a las tareas de vigilancia y protección ciudadana es la capacidad y los recursos que las Fuerzas Armadas pueden ofrecer, toda vez que sus elementos están mejor equipados, son más y cuentan con mejor entrenamiento.

Y si bien es cierto lo que sostiene el estudio publicado por México Evalúa, y la presencia de las Fuerzas Armadas no es garantía de la contención de la violencia, no se puede negar la efectividad de su apoyo ante situaciones de violencia desbordada. Ahora bien, no está de más recordar que las Fuerzas Armadas están entrenadas, principalmente, para combatir conflictos de guerra y cuentan con estrategias más duras, pero ¿acaso el nivel de criminalidad que carcome a nuestro país no requiere mano dura?

Es cierto que para terminar con la violencia y la inseguridad es preciso abordar las causas subyacentes del crimen y sus expresiones, con el fortalecimiento de las instituciones civiles, mejorar la capacitación y los recursos de las fuerzas policiales y abordar las causas profundas de la inseguridad, como la pobreza, la desigualdad y la corrupción. Pues la clave para una estrategia de seguridad efectiva y sostenible radica en fortalecer las instituciones y abordar las causas profundas de las conductas criminales.

Pero también es cierto que cuando nuestras instituciones civiles se ven rebasadas por el crimen, es preciso crear sinergias y echar mano de todo aquello con lo que se cuenta para garantizar la paz y el bienestar de los ciudadanos.

• En este debate es esencial que los gobiernos evalúen cuidadosamente tanto las consecuencias como los beneficios de la incorporación de las fuerzas militares a la seguridad ciudadana y se busque un equilibrio que respete los derechos humanos y fortalezca las instituciones democráticas.