Considerar como graves todos los delitos contra el medio ambiente

No cabe duda de la responsabilidad de la actividad humana como causa del cambio climático y, aun cuando, de acuerdo con el reloj climático, ya sólo contamos con 5 años para emprender todas las acciones posibles a fin de revertir los daños al medio ambiente, persisten toda clase de acciones en su contra.

Actividades irregulares de cambio de uso de suelo y contaminación del agua para sostener proyectos industriales, turísticos e inmobiliarios en zonas urbanas son una constante contra las fuentes naturales de vida y proveedoras de servicios ambientales.

La reciente problemática del agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez es un ejemplo, entre los muchos conflictos que surgen día a día en nuestro país, del impacto significativo que tiene el vertido de contaminantes y/o residuos tóxicos en este recurso vital que, aun cuando se percibe cada vez más escaso, no encuentra tregua ante la irresponsabilidad humana. Es, además, un recordatorio contundente de la necesidad imperiosa de perseguir y castigar las acciones que ponen en riesgo o afectan los ecosistemas y recursos naturales.

Este hecho que, en una primera instancia, con base en declaraciones de la Jefatura de Gobierno, condujo al cierre de dos industrias con manejo de componentes y sustancias similares a los encontrados, de las cuales, podemos especular, existía falta de certeza sobre dicho manejo de sus residuos; y, en una segunda etapa de investigación, según el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz, condujo a la irregularidad de proyectos de construcción que derivaron en la contaminación del suministro de agua que ilustra las consecuencias, tanto de la negligencia administrativa como de priorizar los intereses económicos sobre la protección del entorno natural.

Ni el vertido de sustancias contaminantes en el suministro de agua ni las construcciones fuera de los límites establecidos por los programas de desarrollo urbano deberían quedar impunes, mucho menos si se detecta que fueron llevados a cabo entre la complicidad y la negligencia, pues, hoy, la protección de un recurso tan preciado y vital como el agua no es sólo una cuestión de responsabilidad ética, sino también una necesidad pragmática.

La amenaza a la salud y el bienestar de los ciudadanos son consecuencias tangibles derivadas de la contaminación del agua y la degradación del entorno urbano, y más tangible es ver cómo una gestión ambiental deficiente puede cobrar sus efectos en la falta de acceso al agua limpia, la contaminación y el deterioro del entorno urbano.

En este contexto, la persecución y el castigo de aquellos responsables de dañar el medio ambiente deben ser prioridades absolutas en las agendas actuales, a fin de disuadir actos similares en el futuro.

A todos los que somos parte del Partido Verde, circunstancias como éstas nos llevan a reafirmar nuestra postura de considerar como graves todos los delitos contra el medio ambiente, pues sólo a través de una combinación de sanciones adecuadas y ejemplares y medidas preventivas podremos seguir dando pasos en la protección del planeta.

El reloj climático nos está advirtiendo que el tiempo para tomar medidas significativas contra los efectos del cambio climático se agota y resulta imperativo que nos involucremos como sociedad, conscientes del papel que jugamos en la preservación de los recursos naturales y la exigencia de la justicia ambiental, pues el compromiso colectivo y la acción concertada son lo único que nos permitirá abordar eficazmente los desafíos ambientales que enfrentamos.