Cero tolerancia contra extorsionadores en la CDMX

El delito de extorsión se ha convertido, en los últimos años, en uno de los desafíos más urgentes en materia de seguridad en la Ciudad de México. Este crimen, que consiste en presionar a las personas para obtener dinero, bienes o beneficios mediante amenazas o violencia, se ha convertido en uno de los mayores atentados a la paz, la calidad de vida y la estabilidad económica en la capital del país.

Y es que el fenómeno de la extorsión es una especie de cáncer que se va extendiendo por todos los sectores de la economía, afectando tanto a individuos como a empresas y desde pequeños comerciantes hasta grandes empresarios. Los delincuentes han encontrado la forma de evolucionar sus métodos, adaptándose a las nuevas tecnologías y a las vulnerabilidades del contexto urbano, para, así, vulnerar la seguridad y la estabilidad de miles de mexicanos que, día con día, son víctimas de las amenazas que llegan en forma de llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos e, incluso, visitas personales que son, en muchos casos, difíciles de rastrear. Uno de los sectores más afectados por la situación son los pequeños comerciantes y propietarios de negocios, para quienes la extorsión no sólo representa una carga económica significativa, al llevarse una porción considerable de sus ingresos, sino que también pone en riesgo su integridad física y mental,  así como la de sus familias, dado que un gran número de ciudadanos ha sido atacado por el crimen organizado tras no poder cumplir o negarse a pagar las cuotas exigidas.

Para estos negocios y comerciantes, las cuotas impuestas por los extorsionadores representan una porción considerable de sus ingresos, lo que afecta su rentabilidad y, en muchos casos, les obliga a cerrar sus puertas, lo cual, además, genera un impacto devastador en la economía local. Por su impacto social y económico, este delito requiere de una respuesta institucional bien estructurada y, dado que en la Ciudad de México la Fiscalía General de Justicia ya enfrenta una carga importante de trabajo con otros delitos, cobra relevancia el proyecto anunciado por la jefa de Gobierno de la entidad, Clara Brugada, para enfrentar a los extorsionadores desde un enfoque integral que comprende el fortalecimiento del marco jurídico penal para perseguir el delito de oficio y el aumento de las penas de hasta 10 y 15 años de prisión. Asimismo, prevé la creación de una fiscalía especializada, lo cual reconozco y aplaudo, pues representaría una atención más focalizada y eficaz, con recursos humanos y tecnológicos específicos para investigar, perseguir y desarticular redes de extorsionadores. Dado que requiere conocimientos específicos en diversas áreas, como ciberseguridad, análisis financiero y técnicas de investigación sofisticadas, contar con un órgano especializado y personal capacitado permitiría concentrar esfuerzos y recursos contra esta problemática.

Con este proyecto, que además incluye medidas como la instalación de una línea telefónica de denuncia y campañas de prevención, el Gobierno de la Ciudad de México envía un mensaje claro de cero tolerancia a los extorsionadores y a las bandas crimínales y, por supuesto, los integrantes del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México estaremos apoyando las reformas al Código Penal propuestas en el marco de la estrategia de la jefa de Gobierno para proteger el desarrollo económico y la tranquilidad de los ciudadanos, pues quien busque aprovecharse del trabajo y la tranquilidad de las y los mexicanos debe saber que sus acciones no quedarán impunes.