Apps de delivery: si nos ordenamos, aquí cabemos todos

Lo que hace menos de cinco años comenzó como una necesidad sanitaria, hoy se ha transformado en un fenómeno económico que crece y se consolida con rapidez: aplicaciones como Rappi, Uber Eats, Sin delantal y DiDi Food, que durante la pandemia ofrecían una solución de emergencia, se establecieron como una forma permanente de comercio. Sin embargo, este crecimiento se ha dado en medio de un vacío normativo cuyo impacto recae tanto en los negocios como en los consumidores.

Actualmente, en la Ciudad de México es posible que un establecimiento mercantil sin permiso o aviso de funcionamiento firme contratos con plataformas digitales y opere libremente sin haber cumplido con requisitos ante la ley. Dicho de otro modo, cualquiera puede vender por aplicaciones y beneficiarse de la exposición comercial de esas plataformas, contando o no con normas de calidad y sin pagar más que el porcentaje cobrado por la aplicación, mientras que otros establecimientos deben pagar rentas, cumplir con trámites ante la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), cubrir regulaciones sanitarias y recibir inspecciones periódicas.

Dicha situación genera una competencia desleal entre los negocios que cumplen con la normatividad y aquellos que actúan al margen. Además, debilita la capacidad de las instituciones gubernamentales para garantizar condiciones mínimas de seguridad, higiene y legalidad, pues si las autoridades no saben que un establecimiento existe, tampoco pueden verificar si manipula alimentos y materias primas de manera correcta, si su personal está asegurado o si el local cumple con los requisitos básicos.

En distintas partes del mundo los gobiernos han tenido que intervenir para poner orden en este nuevo ecosistema digital. India fue uno de los primeros países en reconocer el riesgo de permitir que cualquier comercio vendiera por aplicaciones sin control. En 2018, la Autoridad de Normas y Seguridad Alimentaria de la India ordenó a plataformas como Zomato o Swiggy dejar de incorporar a restaurantes que no contaran con licencia o registro sanitario. Miles de locales fueron dados de baja y actualmente las autoridades reforzaron las reglas exigiendo a las apps verificar el número de registro de cada establecimiento, con sanciones por incumplimiento.

Y es preciso señalar que regular no implica frenar la innovación, sino garantizar un piso parejo y proteger al consumidor. En la Ciudad de México, el vacío legal hoy permite la operación de establecimientos irregulares de todo tipo. No sólo se trata de pequeños negocios domiciliarios, ya que, incluso, grandes comercios venden a través de las plataformas digitales sin sujetarse a las normas que el resto sí cumple. Sin ese registro formal, las autoridades pierden la capacidad de supervisar condiciones elementales como higiene, seguridad estructural, capacitación de empleados o programas de protección civil.

Ante este panorama, el Partido Verde en la capital del país ha propuesto una reforma a la Ley de Establecimientos Mercantiles, a fin de que ningún comercio pueda suscribir contratos con plataformas digitales si no están dados de alta en las plataformas oficiales, y para que las aplicaciones tengan la obligación de revisar esos registros antes de firmar acuerdos con los establecimientos.

Es decir, hace que las plataformas asuman la responsabilidad correspondiente, como ya ocurre en India, y así establecer las bases que permitan a la autoridad identificar quién vende, qué vende y si cumple con la ley. Es importante subrayar que la iniciativa no crea nuevos impuestos ni implica desembolsos o gastos adicionales para nadie.

Y es que, si nos ordenamos, aquí cabemos todos. Es preciso que el desarrollo tecnológico se alinee con el interés público. Si las plataformas digitales llegaron para quedarse, su crecimiento debe ir acompañado de reglas que protejan a quienes producen, a quienes consumen y a quienes trabajan.