Reforma al sistema electoral

Ayer, la Presidencia de la República presentó diez propuestas de reforma electoral. No deja de llamar la atención que aún no se haya presentado una iniciativa de reforma constitucional propiamente dicha, y que sólo se dieran a conocer propuestas generales.

En una democracia constitucional, el espacio de deliberación, negociación y revisión de una iniciativa de reforma constitucional es, justamente, el Congreso—y más aún cuando se trata de una reforma en materia electoral. La propuesta presentada ayer tiene un vicio de origen fundamental: no se discutió con el resto de las fuerzas políticas, y quizá tampoco tenga el apoyo de los dos partidos de la coalición gobernante: PVEM y PT. Dicho lo anterior, en este espacio comentaré un tema clave de la propuesta: la reforma del sistema electoral para integrar la Cámara de Diputados (la semana pasada comenté la integración del Senado).

Se propone que la Cámara mantenga 500 curules en un sistema mixto: 300 asientos elegidos por mayoría relativa y 200 por representación proporcional. Esto quiere decir que se mantendría el sesgo mayoritario o sobrerrepresentación de la Cámara.

Lo que cambia radicalmente es la forma de elegir las 200 diputaciones de representación proporcional a la fuerza de cada partido. Por un lado, 97 asientos se asignarían a las candidaturas que resulten ser las “mejores perdedoras” de las 300 contiendas de mayoría relativa. Por otro lado, 95 asientos se asignarían a las candidaturas más votadas de las listas que registre cada partido en cada circunscripción. En caso de mantenerse cinco circunscripciones, cada partido registraría 19 candidaturas y cada elector podría votar por un hombre y una mujer de tales listas. Por último, se propone que los últimos ocho asientos sean reservados para mexicanos residentes en el extranjero.

Si parece un sistema complejo es porque lo es. Se estaría introduciendo cierta representación a las minorías o “mejores perdedores” de cada partido y, por otro lado, se introduciría un esquema de “lista abierta” parecido al de la reciente elección judicial.

Las listas abiertas tienen la ventaja de permitir que el electorado decida qué candidatos/as particulares de una lista logren llegar a la Cámara. En contraste, bajo el esquema de lista cerrada y bloqueada que usamos actualmente, las cúpulas de partidos políticos deciden qué candidaturas ocuparán los primeros lugares de las listas plurinominales.

Como sabemos, parte de la mala fama de ciertos legisladores plurinominales es que no realizaron esfuerzos de campaña para conseguir un voto personal, tal y como ocurre en las contiendas de mayoría relativa. Frente a este problema, la propuesta de reforma implica que, para ganar una curul, las y los candidatos a legisladores tendrán que buscar un voto más directo y personal.

Como es natural, a las cúpulas partidistas no les gusta perder el control de quienes aparecen o no en las boletas, o quienes podrán llegar más fácilmente a una curul. Por ello, pocos países utilizan listas completamente abiertas. En algunos casos se permite votar por la lista del partido y ya, o bien votar por una candidatura en particular. En otros casos se establece un umbral mínimo de votos para poder “ganarle el lugar” a los candidatos que aparecen en los primeros lugares de las listas partidistas. Países como Brasil, Holanda o Suecia utilizan este tipo de sistemas.

En caso de aprobarse, esta reforma cambia de manera importante las estrategias de selección de candidaturas de los partidos políticos y puede afectar los intereses de sus cúpulas. A mi modo de ver, el principal problema del sistema electoral del Congreso es la sobrerrepresentación o el sesgo mayoritario que mantiene desde hace décadas. Este problema se ha visto agravado con el uso estratégico de coaliciones electorales para eludir los límites a la sobrerrepresentación. Sobre este tema, la propuesta de reforma no dice nada. ¿Qué Congreso es más representativo, uno más proporcional, o uno que facilita el voto personal, pero mantiene la sobrerrepresentación de la primera fuerza? ¿Vale la pena esta reforma cuando al mismo tiempo se debilita al INE?

X