Parlamento, ¿abierto?

En enero pasado se organizó un parlamento abierto para discutir la iniciativa presidencial de reforma constitucional en materia de reforma eléctrica. Entre el 17 de enero y el 28 de febrero pasados se realizaron veinticinco foros. La memoria con los resúmenes de estos foros comprende más de dos mil ochocientas páginas. El debate de la iniciativa en el pleno de la Cámara de Diputados, el pasado 17 de abril, duró más de diez horas. La reforma fue rechazada al no alcanzar una mayoría de dos tercios.

A mi modo de ver, ni en los foros ni en el debate del pleno los representantes y voceros gubernamentales lograron argumentar con evidencia suficiente las bondades de la iniciativa presidencial. Los opositores a la reforma tampoco fueron capaces de argumentar con suficiente solvencia las ventajas de mantener el statu quo. Al final del día, el voto se dividió en los bloques partidistas que resultaron tras la última elección federal de 2021. Sólo un puñado de legisladores votaron en contra de la “línea” partidista de sus respectivas coaliciones.

Tras la derrota legislativa —haya sido intencional, premeditada o no—, el Presidente y los voceros de su partido acusaron a los opositores de ser “traidores a la patria” y repitieron este mensaje durante las campañas locales. Sin embargo, en ninguna de las conferencias de prensa mañaneras se mostró evidencia suficiente de las ventajas de la iniciativa presidencial. Hoy, Estados Unidos ha reclamado que la política energética del gobierno incumple compromisos explícitos del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Será cierto? No lo sabemos del todo aún, pero el gobierno ya decretó que tal reclamo es otra traición a la patria.

A finales de julio pasado inició una serie de foros de un nuevo parlamento abierto, ahora sobre la iniciativa presidencial de reforma electoral. Entre el 26 de julio y el 25 de agosto se realizarán más de veinte foros sobre diferentes aspectos de la iniciativa presidencial y otras más.

A pesar de que la reforma propone la desaparición de todos los tribunales electorales locales y la destitución de todos los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ninguno de los foros trata sobre justicia electoral ni se hace alguna evaluación del desempeño de los tribunales locales y federales.

Lo mismo ocurre con el Instituto Nacional Electoral: se discutió la pertinencia de reformar el mecanismo de designación de consejeros electorales, pero sin evaluar el desempeño de los consejos más recientes o del instituto en general. Aunque la iniciativa propone la desaparición de todos los organismos públicos locales electorales, ninguno de los foros tratará sobre alguna evaluación de su desempeño.

Entre más de una veintena de foros, ninguno trata sobre el uso de programas sociales con fines electorales o sobre cómo hacer un combate más eficaz a los delitos electorales. Tampoco se discutirán los retos de la reelección municipal o legislativa.

Por su parte, las bancadas de PAN, PRI y PRD también están organizando una serie de foros sobre el fortalecimiento de la democracia. Se trata de seis foros con tres mesas cada uno del 5 al 26 de agosto. Destaca que varios de los temas que serán discutidos en estos foros no están en la agenda de los foros del parlamento abierto.

He tenido la fortuna de haber sido invitado a participar en ambos foros y, al asistir, he podido expresar mis puntos de vista con libertad, discutiendo con diferentes expertos en la materia. Sin embargo, queda la impresión de que todos estos foros en realidad constituyen un telón de fondo para un diálogo de sordos: ¿cómo puede haber un parlamento abierto cuando los legisladores de la coalición gobernante no están dispuestos a escuchar y, sobre todo, debatir, con los de oposición? ¿Cuándo y dónde se discutirán los efectos de un Congreso con amplias mayorías en la calidad del proceso legislativo y la democracia misma?