La austeridad no implica acabar con la corrupción

En repetidas ocasiones, el Presidente ha anunciado que, si la austeridad republicana no resulta suficiente para lograr los objetivos de gasto del nuevo gobierno, pasaremos a la pobreza franciscana. El argumento detrás también ha sido repetido muchas veces: “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.

Durante las campañas, una promesa central y reiterada del actual Presidente consistía en que, acabando con la corrupción, se conseguirían recursos suficientes —se hablaba de 500 mil millones de pesos— para financiar una serie de proyectos prioritarios del nuevo gobierno. Nunca se explicó bien a bien de dónde saldrían tales recursos.

Tras conocerse y aprobarse el Presupuesto de Egresos de la Federación para este año, aprendimos que, detrás de la promesa de combate a la corrupción, lo que en realidad había era un severo ajuste presupuestal que implicaba reducciones en la nómina gubernamental, así como reducciones en fondos del Ramo 23 y diversos programas presupuestarios y sociales. Primero se habló de que las reducciones en servicios personales sólo afectarían a la “alta burocracia”, pero, al poco tiempo, supimos del despido de miles de funcionarios públicos, así como de reducciones en los salarios o prestaciones de muchas personas más.

Una vez que han transcurrido seis meses del nuevo gobierno, hemos podido conocer dos aspectos adicionales de la estrategia de austeridad: el presupuesto de egresos aprobado en diciembre pasado ha ido teniendo “adecuaciones presupuestarias” para transferir recursos de ciertas partidas hacia otras. De hecho, la Ley de Austeridad Republicana que se encuentra bajo revisión en el Senado pretende generar ahorros adicionales que puedan trasladarse, discrecionalmente, hacia donde la Secretaría de Hacienda —o bien el Presidente— consideren necesario. Esta estrategia no es nueva ni, por desgracia, ilegal: los gobiernos pasados lo hicieron con resultados que fueron escandalosamente ineficientes o corruptos.

El segundo aspecto consiste en retrasar el ejercicio del gasto público. Al centralizar aún más el gasto de gobierno en la Oficialía Mayor de la SHCP, secretaría de suyo poderosa durante la malhadada era neoliberal, se pretenden generar ahorros para destinarse a proyectos prioritarios. Por desgracia, resulta difícil distinguir entre una estrategia de ahorro y otra que en realidad busca inducir subejercicios en ciertas dependencias para poder trasladarlos a otras partidas. Y es que si el gasto se centraliza, ¿cómo puede culparse a una dependencia o programa de un subejercicio?

En principio, la austeridad gubernamental puede tener muchas ventajas. Sin embargo, no es lo mismo combatir la corrupción que implementar medidas indiscriminadas de austeridad. De hecho, implementar medidas de austeridad mal diseñadas puede acabar haciendo más difícil el combate a la corrupción misma. De hecho, centralizar el gasto gubernamental tampoco implica necesariamente ahorros si lo que se generan son cuellos de botella o rezagos que, a la postre, impliquen gastar más o realizar adjudicaciones directas de manera apresurada o sin mecanismos adecuados de control presupuestal. ¿Puede una oficina centralizada ser experta en compras y adquisiciones de todo tipo?

Los economistas, dentro y fuera de Hacienda, saben que una reducción del gasto público, al disminuir la demanda agregada de la economía, puede producir una desaceleración económica o bien, una recesión. Hay dos formas en que una “austeridad excesiva” puede afectar el bienestar de un país: por un lado, al reducir el gasto en bienes y servicios públicos socialmente deseables. Por otro, al retrasar el ejercicio del gasto de programas (ya sean nuevos o viejos) socialmente deseables. Al parecer, el gobierno está incurriendo en ambas prácticas.

Por último, por supuesto, también hay que considerar la rentabilidad social de los proyectos y programas en los que sí se está gastando —o se piensa gastar eventualmente. En el corto plazo, ¿puede ser más rentable una refinería que el abasto de medicinas o la nómina del sector salud? En el largo plazo, ¿es más rentable un tren que el gasto en energías limpias, ciencia y tecnología?