Ciudadanos desprotegidos

Una diputada federal denunció a una ciudadana por un post publicado en la red X hace más de un año en el que, sin nombrar a la quejosa, sugería que había conseguido su candidatura gracias a un acto de nepotismo o influencia indebida de su esposo. El Tribunal Electoral sentenció a la ciudadana a ofrecer disculpas públicas, tomar cursos de perspectiva de género y la inscribió en el registro de personas sancionadas. ¿Es ésta una sentencia razonable y proporcional?

Un senador, presidente de la Mesa Directiva, denunció agresiones verbales de un ciudadano en un aeropuerto. La Fiscalía obligó al ciudadano a disculparse personalmente en la Cámara de Senadores, haciendo uso de los recursos y la cobertura mediática del Senado. La gobernadora de Campeche denunció al director de un periódico local por “incitar al odio y la violencia”. Un juez penal le prohibió al periodista ejercer su trabajo, cerrar su plataforma digital por dos años y pagar dos millones de pesos.

Una candidata a un cargo judicial denunció a una ciudadana por repostear el encabezado de una nota periodística en la que se le llamaba con un sobrenombre irónicamente similar al que aquella utilizó durante su campaña. El Tribunal Electoral está por resolver el caso. Dos periodistas de prestigio nacional han sido obligados por diferentes autoridades a eliminar contenidos de sus columnas y medios digitales y abstenerse de volver a mencionar ciertos asuntos que, uno diría, revisten interés público.

¿Son estas meras anécdotas dentro de un entorno de normalidad democrática? Existe un doble estándar que debe quedar claro. Cualquier funcionario público, representante político o candidato debe estar consciente de que puede ser sometido a un nivel de crítica y escrutinio mucho mayor que al de cualquier otro ciudadano. La SCJN le llama “sistema dual de protección” a esta práctica: según este criterio, “los límites de crítica son más amplios cuando ésta se refiere a personas que, por dedicarse a actividades públicas o por el rol que desempeñan (…), están expuestas a un control más riguroso de sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin proyección pública alguna”. Esta diferencia no radica en la calidad del sujeto por sí mismo, sino por el interés público subyacente al ejercicio de sus cargos. Una vez que concluya su cargo público volverá a gozar de la misma protección de sus derechos, su honor y/o su privacidad que cualquier otro ciudadano.

Por otro lado, también debe reconocerse que existe un límite entre la crítica legítima y la libre expresión de las personas, libertades propias de un régimen democrático, y la violencia política en razón de género. Si bien es cierto que tener tribunales opinando sobre la naturaleza, intencionalidad o consecuencias de las expresiones y el discurso de las personas —o la prensa— puede parecer relativamente odioso, desde una perspectiva liberal, también es cierto que la violencia política es un problema real: las amenazas, el hostigamiento y el acoso pueden vulnerar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Delimitar de manera razonable y previsible dónde comienza el derecho de unos y dónde termina la libertad de otras personas es un asunto de la mayor trascendencia en una democracia constitucional. Razón de más, por cierto, para exigir contar con jueces y tribunales autónomos e independientes.

Hay quienes dicen que sólo se trata de casos aislados, políticos sensibles, pero que no representan una política gubernamental, y que no representan una amenaza grave para la discusión pública y el ejercicio de los derechos y libertades de la ciudadanía. Opino lo contrario. Estos casos, y una creciente lista de casos adicionales, son sintomáticos de la erosión democrática que estamos viviendo en México.

Denuncias frívolas siempre ha habido. Pero de un tiempo a esta parte, los tribunales y juzgados tienen fuertes incentivos a emitir sentencias más complacientes con el gobierno en turno, sea local o federal. ¿Cómo no hacerlo, si estamos viviendo una purga casi total del Poder Judicial y una concentración del poder no vista en décadas? ¿La futura Suprema Corte de Justicia defenderá, como debería, los derechos y libertades de los ciudadanos?