Aranceles: “Aquí mando yo”

Los aranceles generales de 25 por ciento impuestos a las importaciones mexicanas anunciados esta semana por el presidente estadunidense Donald Trump violan flagrantemente el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), firmado durante el primer mandato de Trump para promover el comercio en la región con reglas claras y ciertas. Es ilegal, pero allá manda él.

Algo similar sucede con los recortes presupuestales que Trump ha decretado en la agencia de apoyo internacional USAID, en numerosos proyectos de ciencia y salud, así como con los despidos arbitrarios de servidores públicos: el presidente está congelando partidas presupuestales que ya habían sido autorizadas previamente por el Congreso de Estados Unidos.

El Poder Judicial estadunidense tendrá que resolver hasta dónde llegan las facultades de un presidente que se siente rey. En caso de que la Corte Suprema le marque un alto, ya sabemos lo que sucederá después: el presidente atacará a los jueces como han hecho ya otros tantos líderes de talante autoritario: “No me vengan con que la ley es la ley”. En caso de que el presidente ignore las sentencias del Poder Judicial, Estados Unidos entrará en una crisis constitucional no conocida en tiempos modernos, pero sumamente familiar en América Latina.

Un día después de anunciar los aranceles, el gobierno de Trump informó de una prórroga de un mes para el caso de los vehículos automotores. No fue un logro del cabildeo de México y Canadá, si no de las mismas empresas estadunidenses General Motors y Ford, entre otras, que buscaron al presidente para explicar el sinsentido de afectar cadenas productivas tan integradas como las del T-MEC.

Tanto los aranceles como la incertidumbre sobre las decisiones futuras del gobierno de Trump añaden gran presión a las tendencias recesivas en México, mismas que se han cultivado desde años atrás con malas políticas económicas y decisiones caprichosas.

Si bien es cierto que el crecimiento económico durante los años que hoy llaman neoliberales tampoco fue extraordinario, es un hecho que en el sexenio pasado tuvimos un menor crecimiento que en los tres sexenios anteriores, y que el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum será peor que el último de López Obrador. Eso que pomposamente presumen como el “nuevo modelo” ha castigado la inversión, la creación de empleos y el crecimiento económico. El castigo reciente de Trump sólo agrava estos problemas.

Según las cifras oficiales dadas a conocer por el Inegi el 21 de febrero pasado, en 2024 el PIB sólo creció 1.2% respecto a 2023, y tuvo una caída de 0.6 por ciento en el último trimestre de 2024. Esto quiere decir que, por tercer año consecutivo, la economía mexicana ha crecido a menores tasas que en el año inmediato anterior. Como el crecimiento ha sido tan bajo, el PIB per cápita a inicios de este año es muy similar al de 2017.

El sector manufacturero, que representa una quinta parte del PIB total, se encuentra prácticamente estancado: en 2024 se redujo en 0.1 por ciento respecto a 2023. El sector construcción se contrajo en 6.8 por ciento en el mismo periodo. Por su parte, el empleo formal en México muestra tendencias preocupantes desde mediados de 2022: la tasa anual de crecimiento de empleos formales registrados ante el IMSS es hoy tan baja como al inicio de la pandemia de 2020 y la crisis financiera de 2008.

Los voceros del gobierno suelen afirmar que el mal desempeño económico del último sexenio se debió a la recesión de la pandemia. Sin embargo, eso no explica por qué el país ha crecido tan lentamente después de la recuperación observada en 2021.

Es posible que el gobierno mexicano ahora intente responsabilizar a las amenazas de Trump por el mal desempeño económico de este año. Y tendrá razón en gran medida. Sin embargo, cuando los actores económicos exigen certidumbre legal, aquí decidieron desmantelar al Poder Judicial. Ningún gobierno había tenido tanto poder político en los últimos 25 años. ¿En qué momento asumirán alguna responsabilidad por sus decisiones y resultados?