Ajuste presupuestal

El pasado 15 de noviembre, el gobierno federal entregó a la Cámara de Diputados su esperada propuesta de Paquete Económico para 2025: los criterios generales de política económica, la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025.

El Paquete Económico para 2025 parte de un marco macroeconómico relativamente optimista, dado el entorno nacional e internacional y las expectativas de organismos internacionales, bancos y otros expertos. De acuerdo con los criterios generales, en 2025 el gobierno federal espera un crecimiento del PIB de entre 2 y 3% —es decir, una cifra mayor a la esperada para 2024 cuando hay claras señales de desaceleración—, y un tipo de cambio promedio de 18.7 pesos por dólar, cuando los mercados cambiarios a futuro anticipan que éste no disminuirá de 20 pesos por dólar en los próximos meses.

Sin embargo, a pesar de lo anterior el proyecto de Presupuesto de Egresos aprobado para 2025 propone realizar un ajuste importante en el gasto público, a fin de disminuir el déficit público del último año, en el cual incurrimos en el mayor endeudamiento como porcentaje del PIB registrado en las últimas dos décadas.

De acuerdo con la iniciativa de Ley de Ingresos, en 2025 el gobierno federal esperaría tener ingresos presupuestales por 8.055 billones de pesos, mismos que representan 22.3% del PIB, y un financiamiento neto de 1.246 billones de pesos, 3.4% del PIB. Como proporción del PIB, estos ingresos serían ligeramente mayores a los de 2024 en términos reales.

En contraparte, aunque las presiones de gasto público no disminuyen, el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2025 propone erogar 9.302 billones de pesos, equivalentes a 25.7% del PIB. En contraste, el gasto neto total estimado para 2024 representaría 27% del PIB. La diferencia entre ambas cifras representa un fuerte ajuste en el gasto del gobierno.

En conjunto, el paquete económico para 2025 implica una reducción del déficit presupuestal, que pasaría de 1.69 billones de pesos aprobados para 2024, a un déficit de sólo 1.11 billones de pesos en 2025. Por su parte, los requerimientos financieros del sector público disminuirían de 5.4% del PIB aprobado para 2024 y que hoy SHCP estima que alcanzarán hasta 5.9% —una cifra récord no observada en décadas—, a sólo 3.9% de PIB. El ajuste de dos puntos de PIB en el déficit equivale a un recorte de más de 436 mil millones de pesos corrientes en el gasto público.

Tan sólo por este ajuste presupuestal, el primer año de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum lucirá muy distinto al de su antecesor. Al inicio de su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador pudo gastar generosamente en programas sociales y en sus proyectos estratégicos favoritos sin incurrir en mayores déficits o endeudamiento porque disponía de los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), y otras fuentes de recursos.

Como aquellos recursos se agotaron hacia el final del sexenio pasado, el gobierno que presumió por años una austeridad republicana sin mayor deuda no tuvo empacho en incurrir en un déficit récord en el año electoral de 2024. Por desgracia, la doctora Sheinbaum no tendrá la ventaja de contar con los fondos y “guardaditos” que precautoriamente le heredaron los gobiernos neoliberales a López Obrador.

El modelo de economía moral que recientemente presumió la Presidenta ante los líderes del G20, en Río de Janeiro, no ha conseguido mayor crecimiento, pero sí un mayor endeudamiento. Los montos y rubros de los ajustes reflejan las prioridades del gobierno: menos gasto en inversión pública y un mayor gasto corriente en transferencias.

¿En qué momento se discutió si era buena idea o no incurrir en tanto endeudamiento hacia el final de sexenio pasado? ¿En qué momento se discutirá el impacto de éste o aquel recorte presupuestal? ¿En qué momento el gobierno rendirá cuentas de los ajustes y adecuaciones presupuestales que hace la Secretaría de Hacienda una vez que se aprueba el presupuesto?