Un año después
Quizá ha pasado tanto tiempo desde Ayotzinapa que el gobierno sabe que no necesita hacer mucho más: que, para ellos, lo peor ya pasó y ya la libraron.
Hoy sábado se cumple un año de la tragedia de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Hace casi un año, el 10 de octubre de 2014, escribí en este espacio que no hablar del tema no era una estrategia viable para el gobierno y que el Presidente tenía la obligación moral de hablar con los familiares de los desaparecidos para explicarles “cómo se puede mover a México sin hacerle justicia a sus hijos”.
En 2014, el Presidente se tardó más de una semana en siquiera mencionar los acontecimientos de aquel 26 de septiembre. Y tardaría más de un mes para recibir a las madres y padres de los desaparecidos. Lo hizo hasta el 29 de octubre. Si el expediente fuera un caso cerrado y los agravios se hubieran atendido de manera más oportuna o sensible, quizá no sería necesario que el Presidente volviera a recibir a los familiares. Sospecho que ni una ni otra cosa ocurrieron y el Presidente los tuvo que recibir una vez más. Es probable que no sea la última vez que tenga que hacerlo. Las malas decisiones tienen consecuencias.
Algunos sugieren que las voces que, un año después, aún exigen o reclaman al gobierno cosas aparentemente imposibles (“vivos los queremos”) son voces necias, con algún interés particular u oscuro (“sólo quieren perjudicar al gobierno”), voces deslegitimadas (“ni siquiera son familiares de las víctimas”) para reclamar cosa alguna a un gobierno que, según su muy juicioso y atinado parecer, ha hecho todo lo posible. Desconozco si el gobierno ha hecho todo lo posible y, por lo tanto, no entiendo el cómo hay quien afirma con tal certidumbre lo segundo y desestima lo primero. Si usted fuera familiar de alguno de los estudiantes desaparecidos, ¿pensaría que hay que ser más comprensivo con el gobierno?
Para quienes dicen que tales o cuales voces no tienen legitimidad para reclamar algo al gobierno, allí están las miles de voces que, un año después, se siguen sintiendo indignadas o agraviadas. Para quienes dicen que hay que mirar hacia adelante, allí están los homicidios y desaparecidos posteriores a Ayotzinapa. Para quienes dicen que hay que mirar hacia otro lado, allí están los desaparecidos en lugares distintos a Ayotzinapa. ¿Qué respuesta tiene el Estado mexicano para ellas y ellos o sus familiares?
Hay quien encuentra cierto consuelo en afirmar que, al menos, el 26 de septiembre de 2014 no es comparable con el 2 de octubre de 1968. Que ese país ya ha sido superado. Opino que el México de 2014 y el de 1968, en efecto, no son casos comparables. Pero considero, también, que en un país que se presume distinto al de 1968 —que se presume como una democracia constitucional—como para que sigan sucediendo tragedias como las de Ayotzinapa.
Ha pasado un año y quizá hace falta más tiempo para comprender la verdadera dimensión de Ayotzinapa en la historia de nuestro país. Por otro lado, quizá ha pasado tanto tiempo desde Ayotzinapa que el gobierno sabe que no necesita hacer mucho más: que, para ellos, lo peor ya pasó y ya la libraron.
Es posible que todo lo anterior no sea más que una especulación: las intenciones nunca son observables y, si somos exhaustivos, casi nada es comparable con nada. Lo que sí sabemos, gracias al análisis de José Merino y Eduardo Fierro en Animal Político (25 septiembre 2015), es que la violencia, los homicidios y desapariciones en Iguala no han disminuido desde hace un año. De hecho, han aumentado. No se trata de exigir que el Presidente tenga que recibir a todos los familiares de todas las víctimas, se trata de exigir que el Estado mexicano se haga responsable por la seguridad y justicia de todos sus habitantes. Habrá que hacerlo fuerte y claro.