Seguridad en la Cuarta Transformación: ¿redención militar?

La militarización de la estrategia de seguridad en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador continuará como desde hace 12 años.

Aun cuando resulta severo al juzgar lo sucedido en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña, el Presidente electo suscribió el mismo diagnóstico: las policías son corporaciones descompuestas.  

Sin embargo, la imposibilidad de romper con el modelo militar no significa que la propuesta de López Obrador carezca de alternativas.

Por el contrario: los anuncios del miércoles en la presentación del Plan Nacional de Paz y Seguridad nos permiten destacar tres potenciales cambios: el reconocimiento implícito de la existencia de la narcopolítica, la oferta de la pacificación vía la amnistía y una nueva narrativa para el uso legítimo de la fuerza del Estado.  

NARCOPOLÍTICA

Es cierto que el discurso ya oficial de López Obrador omite términos rudos que describen nuestra realidad, como es el de la narcopolítica.

Sin embargo, el futuro secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, aludió a ese fenómeno al enfatizar que el tamaño de las organizaciones criminales sólo puede entenderse con la corrupción de las instituciones de combate a la criminalidad.

“El narcotráfico a gran escala, la fuga de capos de los penales, el robo de gasolinas, el lavado de dinero, el tráfico de armas y varios otros ilícitos no se podrían perpetrar sin el contubernio estructurado de funcionarios públicos”, se lee en el documento.

Ese reconocimiento de quien fuera, alguna vez, hombre de confianza del presidente Vicente Fox, nos remite la lista de personajes supuestamente embarrados en la narcopolítica: los exgobernadores de Michoacán, Jesús Reyna, y de Tamaulipas Tomás Yarrington y Eugenio Hernández; el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca; el exdiputado Julio Godoy Toscano y el exfiscal de Nayarit, Édgar Veytia, entre otros ejemplos. 

Admitir que desde las instituciones del Estado se protege a quienes, en teoría, deberían ser combatidos, es un buen comienzo.

¿Se traducirán esas palabras en el desmantelamiento de la narcopolítica? Está por verse.

Por lo pronto, tenemos un diagnóstico que compromete al futuro gobierno a una hazaña.

AMNISTÍA

Otra novedad relevante es el ofrecimiento de la amnistía como una opción más de la justicia transicional que incluye la reparación del daño a las víctimas y el perdón a sus victimarios.

Inspirado en casos internacionales de reconciliación, después de dictaduras y conflictos armados, este filón de la estrategia de seguridad también se sustenta en la confianza que el Presidente electo tiene en testimonios como el del obispo de Chilapa, Guerrero, Salvador Rangel Mendoza, quien ha reconocido sus gestiones de tregua ante grupos del crimen organizado.

¿Es bla, bla, blá o van en serio los tribunales de paz?

¿Podrán López Obrador, Durazo, la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y sus subsecretarios, Alejandro Encinas y Zoé Robledo, convencer a los cárteles de que dejen el negocio de las drogas? ¿Sabrán desactivar la cadena económica de comunidades campesinas y jóvenes sicarios al servicio del narco?

Ésa es la promesa que el futuro titular de Seguridad resumió así el pasado miércoles:

 “(Tendremos) leyes especiales para poner fin a las confrontaciones armadas y posibilitar el desarme y la entrega de los infractores, garantizando sus derechos y ofreciéndoles reducciones de pena e incluso amnistías, condicionadas al perdón de personas y colectividades que hayan sido afectadas, y proponiéndoles un cambio de vida”.

REDENCIÓN

De avanzar en el desmantelamiento de las redes de corrupción que sostienen al crimen organizado y en la reinserción de quienes dependen de la economía delincuencial, la continuidad del modelo militar tendría sentido al ejercer, de manera selectiva y temporal, la fuerza del Estado.

Si bien en la retórica del Presidente electo, las Fuerzas Armadas bajo su mando tendrán la tarea de pacificar a México, el número y la presencia territorial de elementos castrenses aumentarán.   

Conformada por elementos del Ejército, la Marina, Policía Federal y 50 mil jóvenes voluntarios, la Guardia Nacional será la creación militar de López Obrador, el instrumento literalmente armado de la Cuarta Transformación.

Gracias al liderazgo del próximo Presidente, tendremos, por primera vez desde 1968, una narrativa de exaltación a las instituciones castrenses.

Y aunque sea lenta la depuración de las prácticas violatorias de los derechos humanos, la promesa presidencial de su destierro servirá para confiar en las operaciones militares.

Se trata de una oportunidad de oro: superar el trauma que dejó la matanza del 2 de octubre al arrastrar, desde entonces, la incapacidad de la sociedad de distinguir entre represión y uso legítimo de la fuerza del Estado.

Claro que la militarización implica sangre y muerte. Y que nadie está obligado a lo imposible.

Hablamos de la posibilidad de redimir a las Fuerzas Armadas por la vía de una nueva narrativa oficial. No de milagros ni de cuentos de hadas.