A juzgar por lo sucedido en el Consejo General del INE, en el inicio del proceso electoral 2026-2027, la doble nacionalidad será más castigada que los nexos con grupos criminales.
La cero mención por parte de la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, al riesgo de que la delincuencia siga capturando y eliminando candidaturas, resulta tan alarmante como el rechazo gubernamental a reconocer la denunciada narcopolítica en Sinaloa.
Sólo una pálida referencia a la novedosa revisión —si los partidos la piden— en el INE de las hojas de vida de los aspirantes: “Vamos a garantizar que nuestros representantes sean hombres y mujeres honorables”.
En contraste, la exsecretaria del Bienestar puso énfasis en la reforma constitucional de nacionalidad única para aspirantes a gobernadores y Presidencia de la República que pronto habrá de aprobarse, pero que será vigente hasta los comicios de 2029.
“En esta elección también está en juego la soberanía nacional. Apoyamos la iniciativa de nuestra Presidenta para que quien encabece una candidatura tenga una definición; su definición debe ser con la patria”, dijo Montiel.
Y aludiendo a la modificación constitucional que sí estará marcando las elecciones de 2027, la de invalidar los resultados si se considera que hubo “injerencia extranjera”, Ariadna Montiel advirtió: “Vamos a defender la soberanía, cuidar los derechos conquistados y seguir construyendo el segundo piso de la cuarta transformación”.
Porque, como ha venido sucediendo con la lista de los no extraditables —Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza a la cabeza—, ante la sugerida o documentada narcopolítica, el elefante en el tablero electoral, Morena tiene el antídoto de alegar que son intentos de interferir en la vida interna nacional. Y, con la mayoría de consejeros y magistrados electorales de su lado, invalidar cualquier elección reñida o de saldo adverso.
Pero más allá de la estrategia gubernamental que pretende equiparar cualquier denuncia de vínculo o protección a cárteles del narco con violación a la soberania, aquí está la realidad que no dejará de existir por omitirla de los mensajes oficiales.
Es cierto que el INE no es ministerio público y que carece de instrumentos legales y técnicos para probar y eliminar candidaturas con nexos malandros. Pero no deja de ser preocupante que en el Consejo General apenas se toque el tema.
En su valiente mensaje sobre el costo que tendrá para la democracia tolerar que los partidos violen la ley con campañas adelantadas, el consejero Arturo Castillo comentó que al árbitro electoral se le han transferido nuevas atribuciones, sin asignarle el presupuesto requerido.
“Rechazamos y condenamos cualquier tipo de injerencia de intereses fácticos ajenos a la regularidad constitucional y a la paz social”, planteó la consejera Carla Humphrey.
Más pragmático, Arturo Chávez López, de reciente incorporación al INE y cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum, lo dejó en claro: “No podemos garantizar, a pesar de los recientes esfuerzos, que la delincuencia organizada no influya en la definición de candidaturas”. Y pidió que los partidos se hagan cargo.
En la oposición, todos señalaron el problema. El senador Alejandro Moreno, dirigente del PRI, recordó lo ocurrido en 2021, en Sinaloa y en Michoacán, “donde el órgano jurisdiccional electoral acreditó la participación del crimen organizado en las elecciones locales y no pasó nada”. Y solicitó a los consejeros asumir “una responsabilidad activa y muy efectiva en la defensa de la integridad” del proceso, porque “las elecciones no las pueden ganar los cárteles”.
El representante del nuevo partido Somos, Marco Baños describió:“La siniestra presencia del crimen organizado y del narcotráfico en vastas zonas del país que financia campañas del oficialismo, decide candidatos e inhibe la participación libre y democrática como ocurrió en Sinaloa”.
La senadora Verónica Rodríguez del PAN expuso: “La narcopolítica debe ser condenada tajantemente”.
Alertando que la cooptación del crimen organizado “se da desde que se decide quién llega y quién no a los cargos de poder”, el diputado Juan Zavala de MC habló de blindar el proceso, profundizando en el INE el diálogo con gobierno y partidos para proteger a los contendientes. “Ni un solo candidato muerto será aceptable”.
Pero el testimonio más elocuente fue el del aliado de Morena, el dirigente de Paz, Hugo Eric Flores, el otro nuevo partido, al relatar que él también denunció la operación del crimen organizado en la elección de 2021, en Sinaloa y Michoacán, sin que el INE le hiciera caso.
Hábil en quedar bien con el oficialismo, el también fundador de los extintos PES y Encuentro Social le echó la culpa a Lorenzo Córdova, presidente del instituto, por la impunidad de entonces.
Al margen de su treta discursiva, quedó ahí la confirmación en voz del obsequioso aliado de Andrés Manuel López Obrador:
“En el México de hoy sería irresponsable minimizar la presencia del crimen organizado en los procesos electorales. No es una sospecha abstracta ni una exageración retórica”.
Pero Morena sigue preocupada por los traidores a la patria. Y todo indica que la mayoría del INE le hará segunda, a juzgar los mensajes de consejeros oficialistas que parecían anunciar el arranque del proceso electoral de Dinamarca.