Errores o el estilo personal de negociar…

El desenlace del presupuesto 2019 y de la propuesta para crear la Guardia Nacional nos darán la pauta de los márgenes de negociación legislativa que tiene ahora el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Por lo pronto, los diputados de Morena asumieron que tenían dificultades para sacar ambos asuntos este fin de semana. 

 Así que anoche resolvió dejar de padecer este sábado en la pesca de los votos que le hacían falta para construir esa nueva instancia militar.

De manera que la discusión sobre la Guardia Nacional continuará y se abrirá a organismos de derechos humanos, especialistas y víctimas.

Por lo pronto, la idea es que esa polémica iniciativa que conlleva cambios a la Constitución se desahogue en un periodo extraordinario, que se realizaría los días 16 y 17 de enero.

Se trata de un asunto que pondrá a prueba los oficios políticos de los coordinadores parlamentarios de Morena: el diputado Mario Delgado y el senador Ricardo Monreal.

Pero igualmente relevantes serán las gestiones políticas que desplieguen los presidentes de comisiones clave: el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, al frente de la de Presupuesto; así como la diputada Miroslava Carrillo en la Comisión de Puntos Constitucionales.

Es muy importante tener en cuenta que muchos asuntos, incluido el presupuesto, pueden concretarse con los diputados y senadores del partido en el poder y sus aliados: PT, PES y PVEM.

Esto es así porque se trata de cambios que sólo requieren la llamada mayoría simple, es decir, el apoyo de la mitad del pleno más uno: 251 votos de 500 en la Cámara de Diputados y 65 de 128 en el Senado, en caso de que a las sesiones correspondientes acudiera la totalidad de los parlamentarios.

Esa mayoría simple se consiguió sin  problema al aprobar el nuevo organigrama de la administración pública. 

Otra fue, sin embargo, la historia de la iniciativa para acotar el fuero, misma que por implicar cambios a la Constitución requería de la mayoría calificada, es decir, del 66% de los votos en cada Cámara: 330 diputados y 85 senadores.

Ese dictamen se aprobó en lo general, el 27 de noviembre, pero la oposición no respaldó los ajustes al artículo 111 constitucional que eliminaba la inmunidad de los legisladores cuando hubiera una sentencia condenatoria en su contra. 

Quedó claro entonces que, de no construir consensos, Morena no podría sacar adelante la contrarreforma educativa ni la Guardia Nacional, cuyo dictamen se concretó este jueves en la Comisión de Puntos Constitucionales. 

Pero la aprobación en el pleno obligará a las bancadas de Morena a conseguir ocho votos adicionales a los que sumarían los suyos, el PES, PT y PVEM. 

Sin embargo, en el Senado, Monreal consiguió una votación calificada a favor del nuevo ministro Juan Luis González Alcántara. 

Hay otros planos, donde la negociación sigue siendo obra del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien con una sola declaración puede frenar un potencial conflicto, como sucedió en el tema del recorte de seis mil millones de pesos al presupuesto de las universidades públicas.

Lo ocurrido entre el sábado 15, cuando el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, presentó el paquete económico para 2019, y el miércoles 19 de diciembre, cuando los rectores fueron a la Cámara de Diputados a dar las gracias, evidenció un estilo presidencial de negociación que se ocupa y se preocupa por dejar en claro que con su gobierno hay, en todos los planos, un antes y un después.

Porque al final, para el Presidente, el regateo con las autoridades universitarias no era un asunto de dinero, sino de agenda.

Más que quitar o poner recursos a las instituciones, López Obrador buscaba que éstas hicieran suya la retórica de la austeridad.

Por eso la primera reflexión del Presidente sobre el recorte puso la lupa en los gastos excesivos e incluso habló de lujos en las universidades. 

Y empezó la pelea de narrativas. Se anunció una marcha en protesta por el maltrato, mientras jóvenes identificados con el proyecto presidencial hicieron campaña en redes exigiendo transparencia de las autoridades universitarias.

Y de pronto, después de cuatro días de haber justificado el recorte, López Obrador declaró que éste era un error que repararía.

Veinte horas más tarde, el rector de la UNAM, Enrique Graue, y el director del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, anunciaron en la Cámara de Diputados que se bajarían sus salarios, siguiendo el ejemplo del Presidente, y halagaron con agradecimientos su sensibilidad.

Pero hubo más: Ellos y una decena de rectores de universidades estatales, así como el secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Jaime Valls, se comprometieron, con la firma de un documento de por medio, a ajustar, revisar, bajar sus gastos de representación, viáticos, viajes, telefonía, compras…

Así que, con el supuesto segundo error hacia las universidades —hubo uno antes al eliminar la fracción séptima del artículo referente a la autonomía, en la contrarreforma educativa— el Presidente ganó con creces.

Hoy, el discurso de la austeridad obligará a las universidades públicas a revisar gastos que durante décadas defendieron como los más transparentes.