En el mensaje de su Segundo Informe, la presidenta Claudia Sheinbaum comparte una oferta de gobernabilidad en la que no existen las personas desaparecidas.
Acaso porque la apuesta de la 4T se sustenta en la fuerza del relato de renombrar la historia del país. Y porque, en este segundo piso, a fin de amortiguar los escándalos de sus integrantes, se refuerza la estigmatización de los personajes del pasado.
Ya sin organismos autónomos ni Poder Judicial independiente, la titular del Poder Ejecutivo y jefa del Estado mexicano puede borrar y omitir los temas que así juzgue conveniente.
Y, como en la vida pública y en el ejercicio del poder, sólo existe lo que se nombra, la deliberada exclusión termina abonando en la trivialización de las búsquedas.
El tratamiento desde Palacio Nacional de esta desgracia ejemplifica el valor estratégico que el relato tiene en la gobernabilidad de la 4T y, más todavía, en la crisis de la violencia criminal que arrastramos de años atrás.
Porque, como lo documenta Data Cívica, en marzo, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, presentó los resultados de una revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) que son inconsistentes con la realidad y profundizan la opacidad que desde siempre se ha padecido.
La quinta entrega de Sin datos para encontrarles cuenta ahora con reportajes que confirman la relevancia del periodismo para escrutar la distancia entre las palabras y los hechos.
“La Presidenta ha dicho que, de los cientos de miles de desaparecidos en México, ella nada más reconoce a 43 mil y, de esas personas, solamente en 3 mil se presume que fueron víctimas de algún delito y tienen carpeta de investigación. Pero ésas son cifras inventadas. Por la desaparición de mi hija existe una carpeta de investigación y, aun así, no quisieron incluirla en el Registro de Personas Desaparecidas por mucho tiempo y, como mi hija, ¿cuántas víctimas más habrá, que el gobierno no incluye en sus cuentas?”.
Es el testimonio de Inocencia González, madre de Cynthia González, 26 años, víctima de desaparición forzada presuntamente a manos de policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz en 2024.
En el reportaje, Paris Martínez expone que los propios reportes oficiales desmienten el alegato gubernamental de que las ausencias por voluntad propia son la principal explicación de las desapariciones en México.
“Sólo en 5% de los reportes de desaparición se presume que la víctima se ausentó intencionalmente, mientras que entre las personas que ya fueron localizadas únicamente 6% calificó su ausencia como voluntaria”, contrasta.
En la presentación del más reciente compendio se explica que tuvieron acceso a una versión filtrada del RNPDNO “en una configuración que permite analizar y comprobar la discrepancia en los datos oficiales”.
Y se detalla: “Este gobierno asegura que hoy existen solamente 43,128 personas desaparecidas de las 132,534 registradas en su momento y que 46,742 registros no cuentan con datos que permitan realizar las búsquedas. A diferencia de lo dicho por la autoridad, Data Cívica encontró que apenas 2% del total de los registros tiene datos incompletos y que 38.5% de los registros se encuentran confidencializados, una proporción suficientemente grande como para condicionar cualquier análisis sobre la calidad y composición del RNPDNO”.
La revisión es indispensable, profunda y rica en información que —esperaríamos— llegue hasta Palacio Nacional, saltando el cerco de una narrativa que, en el afán de reducir los indicadores de la violencia criminal, puede generar “una segunda desaparición: la desaparición administrativa”, como alerta el ensayo de Michael W. Chamberlin, defensor de derechos humanos y experto en documentar graves violaciones ante Naciones Unidas y la Corte Penal.
La plataforma prueba cómo el registro en Jalisco es el mejor ejemplo del manejo discrepante y contradictorio de la estadística oficial en México sobre víctimas de este tipo de violencia.
La disección de Edgar Cortez del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, AC, “el intento desde la presidencia de reducir las cifras no ha prosperado y tampoco la Comisión Nacional de Búsqueda cuenta con un plan de mejora del registro”.
Y es que, en palabras de Chamberlin, la calidad de un Registro se mide por su capacidad para encontrar personas, explicar las desapariciones y evitar que haya nuevas víctimas.
Son reflexiones e historias que nos obligan a preguntarnos ¿por qué una mandataria con tanto poder y capacidad para remontar las debilidades de las instituciones decide invisibilizar el dolor de las familias buscadoras?
La luz que Data Cívica arroja esta semana sobre este drama nacional es evidencia de por qué el relato 4T también busca defenestrar el quehacer periodístico.