Por Marisol Escárcega
¿Lo justo es legal? Yo creo que sí. Si la madre de una niña, víctima de abuso sexual, rompe los ventanales de la casa del agresor de su hija… ¿es justo?, sí, entonces es legal, ¿no?
Pues resulta que no, para el mundo real no es así. Ni para las autoridades. Mucho menos para las leyes. No, lo justo no siempre es legal.
La justicia y las leyes no siempre van de la mano, deberían, pero no es así, sobre todo cuando se trata de delitos cometidos contras las mujeres. Van algunos ejemplos:
Arely, de 10 años, fue agredida física y sexualmente y arrojada desde un puente por un niño de 13 años. Lo justo sería que el responsable estuviera en la cárcel por tentativa de feminicidio y violación, sin embargo, de acuerdo con la ley, al ser menor de edad, no puede ser juzgado como adulto; las autoridades decidieron dejarlo bajo resguardo del DIF.
Ernestina Ascencio Rosario, indígena de 73 años, fue torturada y abusada sexualmente por varios soldados en 2007. Las autoridades cerraron el caso argumentando que falleció debido a una úlcera mal tratada. En 2015, la Co IDH declaró responsable al Estado mexicano por la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina, así como por la negación de justicia a ella y sus familiares y del derecho a la verdad contra su familia y de toda la sociedad. Ningún elemento castrense ha sido detenido.
Uno más. Rubí Frayre Escobedo, de 16 años, fue víctima de feminicidio en 2008. Pese a que la entonces pareja de la joven, Sergio Barraza, confesó el crimen, un tribunal lo absolvió. Su madre, Marisela Escobedo, buscó todo tipo de acciones para visibilizar el tremendo fallo de la justicia. En 2010 fue asesinada frente al Palacio de Chihuahua. Aunque el responsable murió, jamás pagó por el delito que cometió; se presume, además, que él ordenó la muerte de Marisela.
De acuerdo con el estudio Radiografía de la Impunidad, de México Evalúa, la impunidad en el país alcanza 89.4%; la violencia familiar, 98.6%; las desapariciones, 96.5%; el abuso sexual, 96.1%, y si se lo preguntaban, sólo entre 25 y 27% de las muertes violentas de mujeres, en promedio, son investigadas como feminicidios.
Sobre esto último hay que subrayar que, según ONU Mujeres, a nivel mundial, cada 10 minutos una mujer muere a manos de su pareja o un familiar, en promedio más de 140 al día.
Un dato: el 25 de marzo de 2015, la Primera Sala de la SCJN determinó que todas las muertes violentas de mujeres deben investigarse como feminicidios y con perspectiva de género, se conoce como la sentencia Mariana Lima Buendía, un referente de lucha contra todas las violencias contra las mujeres.
Y es que dentro del movimiento feminista decimos que las víctimas tienen derecho a la justicia, a la verdad, para saber qué pasó, y también a la reparación del daño, es decir, a la restitución del derecho violado, pero ¿cómo reparar la muerte de una mujer o un abuso sexual?
Respecto a la reparación nos referimos no sólo a la institucional, sino a la judicial, a la administrativa, a la social, a la económica, individual y colectiva —esto es, que haya garantías de no repetición para que llegue la sanación en la familia afectada y en la comunidad—.
Derecho a la verdad, pero no la que se inventan las autoridades, sino a saber realmente lo que pasó, ésa que les permita a las víctimas dar un cierre honesto a su herida. Y, claro, derecho a la justicia, vista no sólo como ésa donde el responsable pague en la cárcel por el delito que cometió, sino que además las autoridades identifiquen, acepten y modifiquen ese contexto que permitió que la violencia de género en todas sus diversidades se normalizara, permaneciera y multiplicara.
La verdad y justicia es un fin casi utópico, porque nada puede resarcir un daño hecho. Bien dijo la madre de Fátima Quintana: “Justicia sería que mi hija estuviera viva”.
Ni más ni menos.