Por si alguien no lo recuerda, hay que repetirlo: la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, hace 12 largos, terribles, inolvidables años, la policía de Guerrero detuvo los autobuses en que los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa pretendían viajar a la Ciudad de México para conmemorar lo ocurrido en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, crimen de Estado que 58 años después sigue sin deslindar responsabilidades, aunque los dos asesinos principales, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, hace mucho que murieron en su camita, rodeados de sus seres queridos, si es que alguien puede querer a monstruos como ellos.
Nadie sabe bien a bien cuántos muertos hubo en la noche negra de Tlatelolco, pero en la jornada criminal de 2014 en Iguala desaparecieron 43 jóvenes, seres humanos que estudiaban para ser profesores en una entidad de la República donde abunda el analfabetismo, la violencia y la pobreza.
Eran 43 muchachos que deseaban cambiar el orden injusto que reina en el estado de Guerrero y participar en una protesta porque jóvenes como ellos, ansiosos de justicia, mostraron en 1968 su repulsa hacia el orden priista impuesto al país, y como respuesta el gobierno recurrió al asesinato masivo y atiborró las cárceles con estudiantes y profesores que salieron a las calles a manifestar su inconformidad, su rebeldía y su afán de transformar a México para hacerlo un país mejor.
Los muchachos de Ayotzinapa pertenecían a esa estirpe justiciera y valiente, y decidieron que impedirían a cualquier precio que fueran a la Ciudad de México, porque con ellos, que vivían con sus familias la miseria, la ausencia de derechos y el terror de las bandas criminales, los actos en la Ciudad de México adquirirían una proyección que resultaba inadmisible para las autoridades de aquel territorio que también es la patria.
La detención de los autobuses y el virtual arresto de aquellos jóvenes lo ejecutaron policías municipales y estatales, pero no conformes con esa violación constitucional, decidieron entregarlos a Guerrero Unidos una de muchas mafias que cogobierna el estado. Los criminales se los llevaron y desde entonces muy poco o nada se ha logrado saber sobre el destino de los muchachos.
Lo más terrible del caso es que todo se realizó en presencia de elementos militares que tomaron video de los hechos y de sus participantes, pero en ningún momento intervinieron para impedir el incalificable abuso de los policías y la entrega de los estudiantes a los delincuentes. Una versión que corre desde entonces es que los militares destacados en Iguala recibieron órdenes de la Ciudad de México para que se abstuvieran de intervenir, lo que se obedeció sin chistar, algo que también genera responsabilidad penal, pues implica negarse a impedir hechos criminales, lo que implica algún grado de complicidad.
Pero en Guerrero hay una nutrida historia de actuaciones equívocas de las autoridades locales y federales. No puede olvidarse que durante el sexenio de Luis Echeverría se hizo frecuente que guerrilleros reales o presuntos fueran torturados hasta la muerte y sus cadáveres arrojados a los bancos de tiburones desde los helicópteros verdes.
El caso de los 43 alumnos de Ayotzinapa ocurrió cuando era Presidente de la República un individuo de estatura moral tan ínfima como su capacidad como gobernante: Enrique Peña Nieto, quien ha gozado de total impunidad desde que era gobernador del Estado de México. El mandatario estatal de Guerrero era hace 14 años Ángel Aguirre Rivero, quien fue obligado a renunciar semanas después de la desaparición de los normalistas.
El caso más escandaloso es el de José Luis Abarca, alcalde Iguala en ese tiempo. En 2013 se le relacionó con el asesinato de Justino Carvajal Salgado, militante del PRD. Semanas después, ocho miembros de la organización Unidad Popular de Iguala, fueron secuestrados y luego tres de ellos aparecieron muertos. Uno de los sobrevivientes acusó a Abarca de ordenar el asesinato.
No son pocos los encarcelados por su relación con los hechos de hace 14 años, pero lo importante es que los mexicanos no sabemos qué pasó con los normalistas. Hay muchas historias, pero finalmente ninguna es cierta o creíble. El actual gobierno de la República debe decirnos qué pasó.