Sindicatos: luz y sombra

Bertha Orozco, quien desde febrero es magistrada del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, tuvo que dejar su plaza de base en el Senado, para lo cual pidió licencia sin goce de sueldo, pero recientemente anunció que, al mismo tiempo que despachará en el citado tribunal, seguirá al frente del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Senadores. 

 De acuerdo con la información de la reportera Leticia Robles de la Rosa (Excélsior, 9/V/22), ya surgieron las protestas entre los trabajadores de la llamada Cámara alta, pues ambos cargos son incompatibles, según el artículo 12 del estatuto sindical, donde se establece que “el carácter de miembro del sindicato se pierde por la expulsión de éste o por dejar de prestar servicios reales y efectivos en el Senado”. Igualmente, el artículo 36 del mismo ordenamiento señala que el secretario general del sindicato deberá ser un trabajador en activo. Veremos en qué termina el asunto. 

 Junto con Gerardo Islas Maldonado, exmiembro de Nueva Alianza, Pedro Haces creó en este sexenio la asociación civil Fuerza por México, la que solicitó registro como partido, mismo que le fue otorgado en 2020 para participar en las elecciones de 2021, en las cuales no alcanzó el mínimo de tres por ciento de la votación y perdió el registro. 

 El expriista, excetemista y hoy presunto miembro de Morena, Pedro Haces, líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), efímero senador 2018-2019 y empresario del ramo taurino, estaba en Sevilla cuando se destapó el escándalo por malversación de 33.9 millones de pesos. 

En 2021, a Fuerza por México se le entregaron 105 millones de pesos para gasto ordinario y 31.5 millones para la campaña electoral. Al no alcanzar registro, de acuerdo con autoridades electorales citadas por el diario Reforma (6/V/22), lo investigado hasta ahora sugiere que hubo un “gran negocio particular” para acabar aceleradamente con lo que había en las cuentas bancarias, aunque primero había que pagar salarios, cumplir con obligaciones fiscales y multas, para que sólo si se registraba algún sobrante se liquidara a proveedores, los que, en este caso, eran meras empresas fantasma. 

De no regresar al INE los 33.9 millones que se le exigen, se procederá penalmente contra el presidente, la secretaria general y el secretario de administración de Fuerza por México. Al parecer, Pedro Haces no se halla en la lista, pero siendo el personaje determinante del partido, lo ocurrido permite suponer que los fondos de la CATEM se manejan con el mismo desparpajo, lo que debiera resultar intolerable para López Obrador. 

Tampoco habrá sido grato para AMLO el llamado que en la Convención del Sindicato de Minero-Metalúrgicos le hizo Napoleón Gómez Urrutia para que voltee “a ver a los organismos sindicales que comparten su proyecto de transformación”. Igualmente, le reclamó al Ejecutivo que margine a los trabajadores y acuerde sólo con los empresarios importantes políticas públicas, porque “si bien hay empresarios responsables, la mayoría no tiene responsabilidad social”, dijo el líder del SNTMMSRM. 

 El líder minero denunció que las autoridades han tenido una actitud complaciente con el Grupo México, de Germán Larrea, y pidió una solución a las huelgas de Cananea, Taxco y Sombrerete, y el rescate de los cuerpos de los trabajadores sepultados por el derrumbe de Pasta de Conchos, lo que no ha resuelto el actual gobierno en más de tres años. 

Las demandas expuestas por Gómez Urrutia, mismas que los delegados a la Convención Minera aprobaron por aclamación, no parece que vayan a resolverse en este sexenio, carente de proyecto en el plano laboral, pues la mira está puesta en la elección de 2024 y porque AMLO no quiere ni requiere masas movilizadas, sino sólo sus votos. 

Lo ocurrido con la reforma eléctrica, en la que Iberdrola ganó la partida, muestra que para la Cuarta Transformación (cualquier cosa que eso signifique) la respuesta a los problemas sociales se limita a las tarjetas de Bienestar, el llamado Pejemático, lo que está muy bien, pero dista de constituir una política que se replantee las relaciones obrero-patronales en favor de una mejor distribución del ingreso. Mucho tendrán que hacer los trabajadores para ser tomados en cuenta.