¿Comisión de Recorrupción?

El asesinato de la secretaria particular y un asesor muy cercano a Clara Brugada, jefa de Gobierno capitalino, muestra que la delincuencia le ha perdido el miedo a la ley, a la policía, al Ministerio Público o a los jueces, frecuentemente ligados a la criminalidad.

A reserva de conocer los motivos del crimen, que quizá nunca lleguen a saberse, lo que se constata cada día es la inseguridad. Puede argüirse que viene de anteriores sexenios o que el problema se limita a una mera percepción, pero el hecho es que en la Ciudad de México la gente sale a la calle con temor, insegura.

Sería injusto culpar de la situación a Clara Brugada, que realizó una labor plausible en Iztapalapa y que ahora, no siempre bien asesorada, está comenzando una tarea que en modo alguno resulta fácil. Pero ella tiene con qué hacer frente a los hechos.

Lamentable, pese a las denuncias que se han presentado recientemente en la prensa y sitios de internet contra la llamada Comisión para la Reconstrucción (para la Recorrupción, le dicen), la máxima autoridad capitalina anunció que se le dará a esa dependencia la cantidad de 14 mil 500 millones de pesos, aunque la buena noticia es que el año próximo terminará el programa respectivo.

No parece lo más apropiado entregar 14 mil 500 millones de pesos a una dependencia donde, hasta ahora, hay operaciones poco claras. Sabemos que todavía hay familias que, con pretexto de reconstruir sus hogares, fueron desalojadas de su domicilio y viven en lugares modestísimos, arrimados con familiares o amigos, cuando no de plano en la calle.

Se dirá que no se ha resuelto la reconstrucción de esos inmuebles porque no había fondos suficientes. Tal vez, pero mientras se les niega el servicio a las familias pobres, hay una insistencia de varios años para que habitantes de zonas con mayor poder adquisitivo acepten el apoyo de la malhadada comisión, que normalmente ofrece 100 mil pesos para las obras, pero se dice dispuesta a dar hasta 350 mil para los más reacios o los más hábiles para la transa.

La insistencia de los enviados de la Comisión hace pensar que tienen mucho interés en gastar dinero donde menos se necesita, pero lo cierto es que resulta mejor negocio manejar esas sumas donde hay mayor poder adquisitivo y tomar eso como pretexto para una erogación mayor.

Una constante ha sido prometer a los desalojados que podrán volver a sus domicilios en tres meses —es el plazo que prometen comúnmente—, aunque abundan casos donde el asunto ocupa ya largos años sin que se entreguen los inmuebles.

Otro hecho, por lo menos sospechoso, es que en zonas de gente acomodada se ha echado abajo un viejo edificio para construir uno nuevo y hasta con ciertos lujos, lo que las autoridades deberían tener bajo investigación.

Hay otros puntos que, por desgracia, no parecen interesar a quienes vigilan el buen uso de los recursos públicos. Por ejemplo, el hecho de que el beneficio mayor es para ciertas empresas constructoras de la comisión de marras. Hubo o quizá persiste un hecho ciertamente irregular: que cinco de las empresas beneficiadas tengan o hayan tenido un mismo domicilio en una casa particular, en una zona que no es de oficinas y sin letrero alguno que las identifique.

Otro factor que genera sospecha es que se chantajea a los habitantes de los inmuebles con la amenaza de daño estructural, por lo que se hace necesaria una obra mayor. Pero si un inmueble sigue ocupado desde 2017, el pretexto de riesgo no pasa de ser una patraña que favorece los negocios de la Comisión y sus contratistas.

Se entiende que entre las autoridades capitalinas exista cierto temor a determinar asuntos técnicos cuando no se tiene la necesaria calificación. Pues sí, pero ante una queja se ha dado el caso de que las autoridades proponen que se llame a un árbitro, que resulta ser aliado de los sospechosos y parte de sus negocios.

A cuatro meses de que se cumplan ocho años de ocurrido el temblor de 2017, muchos vecinos de los más afectados no han recibido el necesario apoyo, en tanto, personajes influyentes, meros latifundistas urbanos, se han convertido en gestores de la reconstrucción en su propio beneficio y de sus inmuebles.

Como que ya es hora de investigar a la Comisión de Reconstrucción y sus manejos.