Visa: ¿el arma “nuclear” de papel?

Gustavo Rivera

Gustavo Rivera

Cinco elementos

El reportaje de Los Angeles Times sobre el supuesto retiro de visas a los gobernadores de Sonora y Tamaulipas —que ambos negaron— volvió a encender un viejo terror mexicano: perder el permiso para entrar a Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum lo nombró sin rodeos al pedir a los legisladores que no se autocensuren por miedo a quedarse sin visa. Tenía razón, y conviene entender por qué.

Washington descubrió hace tiempo un arma barata y eficaz: amenazar con quitar visas o, simplemente, filtrar que las quitó. No cuesta un dólar, no exige tropas ni aranceles, y produce pánico inmediato en la clase política mexicana. Se calcula que Washington ha cancelado visas a medio centenar de políticos mexicanos, la mayoría de Morena. ¿Por qué funciona tan bien? No por lo que la visa es —un trámite migratorio—, sino por lo que la visa significa entre nosotros.

El sociólogo Pierre Bourdieu lo explicó con una idea precisa: el poder simbólico. Es, escribió, “ese poder invisible que sólo puede ejercerse con la complicidad de quienes no quieren saber que lo sufren”. Un símbolo no manda por su fuerza material, sino porque quienes lo padecen creen en él y lo reconocen. La visa no tiene poder propio; tiene el que le otorgamos. Funciona como el dinero: un billete vale porque todos acordamos que vale, y el día que nadie lo cree es apenas papel. La visa es estatus, pertenencia al “primer mundo”, señal de respetabilidad. Por eso perderla se vive como una condena moral y no como un inconveniente logístico.

Hace casi cinco siglos, Étienne de La Boétie escribió algo aún más radical sobre los tiranos: no hace falta derribarlos, basta con dejar de sostenerlos. “No le pongáis las manos encima —decía—; dejad de apoyarlo y lo veréis, como un coloso al que se le quita la base, caer por su propio peso”. El “quitavisas” es ese coloso. Vive del miedo aspiracionista que le tenemos. El día que ese miedo se retira, el arma se desactiva sola.

De ahí la paradoja del título. La visa se exhibe como un arma nuclear: capaz de demoler reputaciones y carreras con una sola filtración. Pero es nuclear sólo mientras la tratemos así. Su carga no está en el papel, sino en la reverencia que le ponemos enfrente. Quitarle el miedo no es bravuconería: es desarme.

El propio caso lo ilustra. Según el reportaje, a los gobernadores se les habría retirado la visa, pero se les concedió un permiso especial para seguir entrando: uno viaja por tratamiento médico, al otro lo escoltan funcionarios estadunidenses. El acceso, en los hechos, no se cortó. Lo que se activó fue el estigma. La sanción no era migratoria, era reputacional. Es decir, puro símbolo.

Conviene no confundir ese desarme con impunidad. Que la visa deje de aterrar no significa que no existan funcionarios con cuentas pendientes. Significa que esas cuentas deben saldarse en tribunales mexicanos, no en un consulado estadunidense. El verdadero antídoto contra el chantaje de la visa es que la justicia propia llegue antes que el castigo ajeno. Si México investiga y procesa, el retiro de una visa se vuelve un dato, no un veredicto. Si México no lo hace, la visa seguirá ocupando el lugar que dejó vacío nuestra justicia.

Ahí está el matiz incómodo para todos. El poder de la visa también mide la debilidad de nuestras instituciones. La filtración injerencista pega fuerte cuando sospechamos que, aquí, no va a pasar nada. Restarle poder al símbolo obliga, entonces, a una tarea interna: hacer creíble que en México las conductas criminales sí enfrentan consecuencias. Quitarse el miedo y rendir cuentas no son contrarios; son la misma estrategia vista desde ambos lados.

Los símbolos tienen el poder que les damos, y sólo ese. La visa manda mientras le tengamos miedo y se vuelve papel cuando dejamos de tenerlo. Estados Unidos lo sabe: por eso amenaza con ella en lugar de probar sus acusaciones. Nosotros también deberíamos saberlo. Quitarle esa arma no requiere un solo decreto ni una sola represalia. Requiere, apenas, dejar de temerla –y sí, asumir la responsabilidad de Estado de investigar y sancionar a las y los criminales, sean quienes sean–.