Tequila es una palabra que brilla: agave, turismo, exportación. Pero Tequila también es un ayuntamiento en Jalisco: policía, catastro, permisos, obra pública. Y es ahí –en esas palancas pequeñas– donde la democracia mexicana se fortalece o se desangra.
La detención del presidente municipal Diego Rivera y de mandos municipales, acusados de encabezar un esquema de extorsión a destilerías y de colaborar con el Cártel Jalisco Nueva Generación, muestra cómo se captura un municipio sin necesidad de balas: multas injustificadas, impuestos inventados, permisos retenidos, clausuras como amenaza. Al menos diez empresas denunciaron el esquema. Hay un dato peor, porque toca el corazón del voto: la Fiscalía investiga si hubo secuestro y tortura de dos precandidatos para obligarlos a renunciar en 2021. Si eso se acredita, no es “corrupción”: es “embarazar” las urnas con violencia. Las urnas quedan; la libertad se encoge.
Frente a esa escena prosperan dos excesos. El primero viene de Donald Trump: documentos oficiales de la Casa Blanca hablan de una “alianza intolerable” entre cárteles y el gobierno de México. Es el brochazo perfecto para presionar: convertir expedientes y capturas en México —reales y gravísimas— en la etiqueta total de “narcoestado”. Eso es falso y, de paso, sabotaje: envenena la cooperación y alienta salidas unilaterales.
El segundo exceso se fabrica aquí: convertir cada expediente en consigna partidista. La oposición más ruidosa, apátrida e irresponsable grita “narcogobierno”; una parte del oficialismo contesta “guerra sucia”. Y un tramo de la comentocracia tecnocrática —que no termina de ser, aunque ya fue— insiste en que la gran amenaza es una 4T autoritaria, como si la democracia se derrumbara por discursos mientras el crimen organizado toma alcaldías sin mucha resistencia.
La amenaza democrática más tangible hoy es otra: la penetración del crimen organizado en la política, en las elecciones y en el Estado a nivel municipal. No requiere cambiar leyes; cambia vidas. La captura no sólo mata: secuestra la ley. Donde manda el crimen, la norma deja de ser pública y se vuelve servicio al mejor postor. El presupuesto municipal es botín; la policía, mediadora de intereses privados; la elección, un trámite bajo amenaza: qué calles son transitables, qué mítines se permiten, qué candidatos llegan. Esto está medido. ACLED, Data Cívica y México Evalúa reportaron que la violencia político-criminal del ciclo 2024 superó a la de 2018 y 2021, y subrayaron su impacto directo en la democracia mexicana. Por eso 2027 debe marcar el punto de inflexión en la reducción de esta violencia, no un nuevo récord de asesinatos políticos.
Tequila importa por lo que significa —y por lo que no significa—: no es prueba de “narcoestado”; al contrario, es la mejor evidencia de responsabilidad de Estado en materia de seguridad. Claudia Sheinbaum respaldó la detención y fijó una regla republicana: “Ningún partido político puede ser un paraguas para delinquir”. En seguridad, esa neutralidad no es virtud: es obligación. Y es el antídoto más simple contra la caricatura: México no se describe con politiquería y descalificaciones; se defiende con instituciones que actúan y autoridades que asumen su responsabilidad y entienden su papel en la historia.
El remedio, como la Presidenta, tiene técnica —filtros de candidaturas, dinero trazable, blindaje de permisos e inspecciones, policías supervisadas, investigación financiera y sentencias—. Pero también tiene una condición política previa: dejar de lucrar con el narco y dejar de usar “narco” como insulto electoral. Si cada operativo se vuelve munición partidista, el Estado se divide y el crimen gana.
Tequila nos obliga a responder una pregunta sencilla: ¿queremos país o queremos grilla? Si queremos país, todas las autoridades deben asumir su responsabilidad: que el gobierno y la oposición, las fiscalías y los partidos asuman que la infiltración del crimen organizado a nivel municipal es un problema nacional y actúen en consecuencia. Eso significa una política de Estado sostenida para blindar municipios, depurar corporaciones, vigilar el dinero de las campañas y llevar estos casos hasta sentencias. Y significa, también, dejar de usar el narco como insulto electoral. Porque cuando el Estado se divide en bandos, el crimen gana territorio; cuando el Estado cierra filas, la democracia respira.