Sheinbaum y el verdadero plan B

Claudia Sheinbaum ha presentado su reforma electoral como una combinación de convicción y compromiso. La convicción es reconocible: para la Cuarta Transformación, el sistema político mexicano todavía conserva privilegios que no resisten una revisión seria. Ahí caben los plurinominales, el financiamiento público a los partidos, los altos salarios del aparato electoral y una estructura que el oficialismo juzga costosa y distante. La promesa también existe: la Presidenta dijo desde la campaña que impulsaría cambios. Pero reducir el episodio a una cuestión de coherencia personal sería perder de vista lo importante. La reforma no sólo buscaba modificar reglas: buscaba mover relaciones de poder.

Eso ayuda a entender por qué Sheinbaum abrió un frente que, en apariencia, no era prioritario. No había una presión social organizada exigiendo una reforma electoral. Sí había, en cambio, una opinión pública disponible para respaldar una ofensiva contra lo que se percibe como privilegio político. Una encuesta de Enkoll para EL PAÍS y W Radio halló apoyos de más de 80% a varios componentes de la propuesta: 87% a reforzar la supervisión del dinero en campañas, 85% a bajar sueldos y bonos en el INE, 83% a modificar diputaciones y senadurías para que se elijan directamente, y 82% a reducir el dinero público a partidos y autoridades electorales. Sheinbaum detectó ese clima y decidió ocuparlo.

La primera utilidad de la reforma estuvo ahí: en convertir la bandera de “acabar con los privilegios” en una prueba de lealtad para sus aliados. La iniciativa tocaba, precisamente, los dos resortes que vuelven competitivos al PT y al Partido Verde: financiamiento y representación proporcional. Les planteó una disyuntiva incómoda. Podían acompañar una agenda popular impulsada por la Presidenta o podían defender reglas que les garantizan supervivencia y capacidad de negociación. Escogieron lo segundo. La Cámara de Diputados rechazó la propuesta el 11 de marzo, con 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención, al no alcanzarse la mayoría calificada. Pero el dato decisivo no fue el revés legislativo. Fue la imagen que dejó: dos partidos de fuerza nacional reducida frenando una reforma popular de una Presidenta con 75% de aprobación. Visto así, el episodio empieza a parecer menos una derrota que una forma de ordenar la coalición. Sheinbaum no necesitaba ganar la primera votación para obtener algo a cambio. Le bastaba con exhibir la dependencia estructural de sus socios antes de la negociación relevante, la de 2027. Si PT y Verde llegan a esa mesa después de haber aparecido como defensores de prerrogativas, su margen para exigir candidaturas y posiciones se reduce. No se trata de romper con ellos, sino de hacer más asimétrica la relación. Y eso explica por qué, tras el rechazo, Gobernación se dedicó a recomponer el acuerdo en lugar de dinamitarlo.

Ahí entra el verdadero plan B. El ahorro de 4 mil mdp sirve como empaque discursivo, pero no parece ser el centro de gravedad de la jugada. Lo decisivo es la revocación de mandato. Desde principios de marzo, la Presidenta dejó ver que quería privilegiar esa pieza en una versión alterna de la reforma, y lo que hoy negocia con PT y Verde mantiene esa intención: adelantar la revocación y empatarla con la elección federal de 2027. Eso alteraría el tablero. Una intermedia normal dispersa el juicio ciudadano entre gobiernos estatales, alcaldes y candidatos locales. Una intermedia presidencializada convierte la elección en un referendo sobre la figura más fuerte del sistema. Y hoy esa figura no es Morena como partido. Es Sheinbaum. En la misma encuesta de Enkoll, 70% respondió que votaría por que continúe en el cargo y 26% por revocarle el mandato.

La secuencia, entonces, tiene sentido. Primero, una ofensiva ideológica contra los privilegios del sistema, políticamente útil y socialmente rentable. Después, una prueba de fuerza que exhibe a los aliados y les recuerda cuánto valen fuera de la sombra presidencial. Finalmente, un plan B que intenta trasladar 2027 del terreno incierto de los desgastes locales al terreno más favorable de la popularidad nacional de la Presidenta. No es sólo austeridad. No es sólo cumplimiento de palabra. Es una operación para llegar a la siguiente elección con socios más dóciles y una boleta más propicia. En política, ese tipo de movimientos no se anuncian como estrategia. Se anuncian como reforma.