El viernes, el gobierno de Claudia Sheinbaum hizo algo que había que hacer: poner orden en el caos del registro de personas desaparecidas. No alcanza. No resuelve. No devuelve a nadie. Pero era un primer paso indispensable. En política pública, lo que no se puede medir no se puede mejorar; y lo que no se puede mejorar, mucho menos resolver. El problema es que, en México, durante años, el dato sobre desapariciones fue al mismo tiempo una herida humana y un archivo roto. La presentación del viernes intentó corregir eso con responsabilidad: separar casos con actividad posterior, registros con datos insuficientes y un núcleo de 43 mil 128 personas con identidad suficiente y sin rastro administrativo posterior.
Conviene decirlo sin rodeos: ordenar la base no equivale a esclarecer este gran problema. Pero sí desmonta, al menos por ahora, una acusación que se había vuelto lugar común en el debate público: la idea de que la reducción de homicidios era simple maquillaje estadístico y que ahora los asesinatos se estaban “metiendo” a la categoría de desapariciones. Lo presentado por el gobierno no apunta en esa dirección. Apunta, más bien, a otra cosa: a un registro históricamente contaminado por omisiones, duplicidades, expedientes mal integrados y denuncias levantadas con datos insuficientes. Es decir, menos una conspiración contable y más un desorden institucional de gran escala.
Eso no significa que el homicidio deba leerse aislado. México Evalúa lleva tiempo advirtiendo algo sensato: el homicidio doloso por sí solo no capta toda la violencia letal, porque hay fallas de clasificación y porque actores criminales usan desapariciones para ocultar muertes.
Esa advertencia metodológica es seria y debe atenderse. Pero una advertencia metodológica no es prueba de una operación sistemática de maquillaje federal. Confundir ambas cosas enturbia más de lo que aclara.
La revelación más dura del viernes no fue la cifra depurada. Fue otra: de esos 43 mil128 casos que el propio gobierno considera sólidos, las fiscalías apenas habían abierto 3 mil 869 carpetas de investigación. Ahí está el verdadero punto de dolor. Ahí está el eslabón roto. En realidad, México padece una cadena de tres piezas que no embonan entre sí: el registro, la investigación y la identificación. Se denuncia, pero no siempre se investiga. Se investiga, pero no siempre se busca bien. Se localizan restos, pero no siempre se identifican. Y entre un eslabón y otro se pierde lo más importante: la verdad.
Por eso el debate público debería moverse de la sospecha genérica al diagnóstico preciso. El gran problema de desapariciones no se explica sólo por una cifra alta ni por una narrativa mal defendida. Se explica por fiscalías locales rebasadas, negligentes o capturadas; por años de desorden federal; y por una maquinaria institucional que convirtió la búsqueda en una carrera de resistencia para las familias. El dato del viernes sirve si obliga a corregir esa maquinaria. No sirve si se usa únicamente para administrar el costo político de la tragedia.
Sheinbaum acertó al empezar por ordenar. Era necesario. Ahora falta lo decisivo: conectar el dato con la búsqueda, la búsqueda con la carpeta, y la carpeta con la identificación. Medir fue el primer paso. Investigar en serio es el siguiente. Porque, en desapariciones, contar mejor no basta: hay que encontrar.