En Los hermanos Karamázov, Dostoievski explora una diferencia que la política suele olvidar: cometer un crimen no es lo mismo que permitirlo, desearlo o mirar hacia otro lado. La justicia pregunta quién es culpable; la conciencia, qué hizo cada quien frente a la verdad. Esa distinción ilumina el dilema de Claudia Sheinbaum ante la acusación de Estados Unidos contra Rubén Rocha.
Washington acusa; México exige pruebas. Ese principio no debe ceder. Ninguna democracia puede aceptar que un gobierno extranjero convierta una imputación en sentencia ni que una solicitud de extradición sustituya al debido proceso. La Presidenta tiene razón: la soberanía mexicana no se administra en el extranjero.
Pero el debido proceso no es inmovilidad. La licencia temporal solicitada por Rocha abre un cauce institucional: protege la investigación sin condenar al acusado. Permite sostener dos principios a la vez: México no debe someterse a Washington y el Gobierno mexicano no debe proteger a nadie que haya podido cometer un delito. Ahí está la congruencia posible.
El riesgo era confundir la defensa de México con la defensa de un gobernador. No son lo mismo. La soberanía se defiende frente a cualquier injerencia extranjera, pero también frente a la captura interna del Estado por el narcotráfico. Si una potencia atropella nuestros procedimientos, la hiere. Si un funcionario pacta con criminales —hipótesis que debe probarse— también. Una afrenta no debe ocultar la otra.
Por eso el llamado presidencial a la unidad necesita precisión. Unidad con México, sí. Unidad con la Constitución, con las víctimas, con la verdad y con una investigación rigurosa. Pero no unidad automática en torno a Rocha ni a un partido ni a un movimiento. La patria no cabe en el expediente de un gobernador. Exigir claridad no es ponerse del lado de Estados Unidos; puede ser, justamente, una forma de estar del lado de México.
Dostoievski sabía que la verdad rara vez aparece limpia. Avanza entre dudas, intereses, lealtades y silencios. El caso Rocha exige una respuesta que no reduzca la política a expediente ni la moral a consigna. El derecho debe impedir una condena anticipada; la responsabilidad, una absolución apresurada. Entre entregar a un gobernador por presión extranjera y cerrar filas en torno a él hay un camino más serio: cooperación formal, control judicial e investigación mexicana independiente.
La licencia es un primer paso, no un punto final. Si la acusación estadunidense es endeble, México debe demostrarlo con método, no sólo con indignación. Si contiene indicios serios, debe investigarlos sin cálculo partidista. En ambos casos, la respuesta no puede agotarse en la palabra soberanía. La soberanía también exige producir una verdad propia.
La salida está al alcance de la presidenta. Puede reafirmar que no defiende a Rocha, sino el procedimiento; que no acepta injerencias, pero tampoco encubrimientos. Puede exigir a Estados Unidos el expediente completo e impulsar una investigación autónoma, con resguardo de archivos, protección de testigos, revisión de mandos y reportes públicos prudentes. La licencia debe traducirse en condiciones reales para investigar, no en una pausa narrativa.
Alasdair MacIntyre recordaría que la virtud no se decreta: se practica. La congruencia política no consiste en defender siempre a los propios, sino en aplicarles el mismo rasero que se exige a los adversarios. En este caso, la autoridad moral de Sheinbaum puede crecer si separa el caso en tres planos: la soberanía de México, la responsabilidad del Estado y la situación personal de Rocha.
En Dostoievski, la pregunta decisiva no es sólo quién es culpable ante el juez, sino quién se atreve a mirar la verdad cuando es incómoda. Sheinbaum ha hecho de la soberanía, la responsabilidad y la unidad tres principios morales de su discurso presidencial. El caso Rocha le exige convertirlos en actos. La soberanía no se negocia; tampoco se delega al extranjero ni se usa como coartada doméstica. La mejor defensa de México es abrir camino a la verdad.