El jueves a las 13:30 Santiago Peña renunció a la presidencia de Paraguay. Dos días antes, el Banco Central cerró Ueno Bank, donde 2.9 millones de personas tenían su dinero y 32 mil jubilados cobraban su pensión. Peña era accionista del grupo dueño del banco desde 2019. En 2023, ya como presidente, cuadruplicó su participación. Tres meses después de asumir, el instituto de pensiones bajó los requisitos para depositar en bancos y Ueno calificó; al año siguiente desapareció el tope de lo que podía depositar. Entraron 350 millones de dólares de los jubilados y 800 millones de fondos públicos. El banco prestó sin garantías a las empresas de su propio grupo y quebró.
El caso vale por sí mismo y vale más como síntoma. Las derechas latinoamericanas siempre tuvieron cerca al capital, de los Chicago Boys a Menem. La diferencia de esta década está en una raya que ya nadie respeta: antes el empresario financiaba al político y esperaba afuera; hoy el político es el empresario, gobierna desde el negocio y no lo esconde. Max Weber lo llamó patrimonialismo: el Estado administrado como propiedad del gobernante. Donald Trump lo volvió modelo desde la Casa Blanca y el resto tomó la licencia.
La evidencia de las últimas dos semanas es sistemática. En Estados Unidos, el martes, los demócratas ganaron la Cámara con la mayoría más amplia desde 2008 y el Senado con 55 escaños. La encuesta de salida explica el porqué: 91% de los votantes dijo que la corrupción fue un factor importante, 62% cree que Trump antepone sus intereses personales a los del país y 89% votó pensando en el costo de vida. Un salón de baile de 400 millones de dólares, un avión de Qatar, un indulto a un empresario de criptomonedas y una demanda por 2 mil millones en negocios con ese sector pesaron más que cualquier discurso sobre la gente.
En Argentina, Javier Milei llegó a 65% de desaprobación mientras la justicia reabría la causa de $LIBRA, la criptomoneda que él promovió y que dejó miles de estafados, y un juzgado procesaba al exdirector de Discapacidad por cobrar coimas de 3% que los audios atribuyen a la hermana del presidente. El riesgo país tocó 925 puntos. La cámara de empresas estadounidenses advirtió que, con Trump derrotado, el préstamo de 20 mil millones de dólares que sostiene al gobierno está en duda. Es el capital transfronterizo de la tesis: un gobierno que depende de otro gobierno.
En Brasil, Flávio Bolsonaro perdió con 48.2% y voló a Miami dos días después, mientras su hermano Eduardo seguía en Washington, donde pidió sanciones contra su propio país. Es la misma raya borrada en versión política: el poder subrogado a un patrón extranjero. Los brasileños eligieron a quien defendió la soberanía con la despensa medio vacía antes que a quien la entregó con la despensa llena de promesas.
Chile es la advertencia. José Antonio Kast cayó a 26% de aprobación por la rebaja de condenas a agresores sexuales de menores y por una economía donde 92% califica mal el empleo. El negocio todavía no le estalla, pero el gabinete viene de Quiñenco, Agrosuper y CMPC, y la Contraloría tuvo que emitir un instructivo sobre conflictos de interés a los tres meses de gobierno. El patrón está instalado; falta el detonante.
Lo que une los casos es una lección que la derecha regional había aprendido y olvidó: el votante tolera la cercanía con el capital mientras le alcance el salario. Cuando el gobernante se dedica al negocio, la agenda del bolsillo se queda sin dueño, y entonces la corrupción deja de ser un tema moral y se vuelve un tema de precios. Eso derrotó a Trump, hunde a Milei y tumbó a Peña en 48 horas.
México tiene su propio espejo. Sólo 22% aprueba el combate a la corrupción y el riesgo de que la defensa de la soberanía sirva de coartada para los de casa sigue abierto. La ventaja de la Presidenta es que su gobierno no hace negocios desde Palacio. La tarea es que nadie en su movimiento crea que puede hacerlos desde más abajo.