Trump, el furioso (I)

La política y los políticos en todo el mundo están en serios problemas, ambos han perdido el elemento más necesario para justificarlos: la confianza ciudadana. Sin embargo, son indispensables para ordenar la convivencia social, proveer seguridad y hacer un uso adecuado de los instrumentos legales y financieros previstos en las leyes vigentes.

Desde hace unas pocas décadas países que sufrían de regímenes dictatoriales lograron superarlos después de haber sufrido represión de las libertades básicas, ni digamos del respeto a los derechos humanos. Los niveles de crueldad y violencia física, arrestos indiscriminados, desapariciones y torturas por parte de los cuerpos de seguridad, prohibición de los medios de comunicación y a la libertad de expresión eran parte de un sistema de control orientado a crear un miedo colectivo que inhibía cualquier intento de sublevación.

En Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y en varios países centroamericanos se dieron golpes de Estado por parte de las fuerzas armadas, que, bajo el argumento de salvaguardar la democracia y las orientaciones “comunistas” de dichos gobiernos. Los testimonios dados por las víctimas permitieron conocer el grado de maldad y perversión de los torturadores.

Lo paradójico fue que algunos de esos países, en especial Uruguay, habían logrado desarrollar un sistema de gobierno democrático, honesto, e impulsor de una economía basada en la equidad y el Estado de derecho.

Quise escribir lo antes expuesto para ejemplificar la vulnerabilidad congénita de los sistemas de gobierno democráticos. No siempre es necesaria la llegada militar, hay ejemplos de jefes de Estado que son electos con el voto de sus ciudadanos, no obstante que representan una visión autocrática. Me refiero, por ejemplo, al caso de Nayib Bukele, presidente reelecto en El Salvador; Recep Tayyip Erdogan en Turquía, o Vladimir Putin, en Rusia. El caso cubano es paradigmático en este sentido.

Estados Unidos se siente con razón orgulloso por lograr un sistema electoral que le ha permitido tener elecciones no problemáticas. La alternancia de los partidos políticos en el poder se había dado sin problema alguno. En un método de votación sencillo, con ciudadanos responsables de administrar las casillas electorales, de contar los votos y remitirlos a un centro integrador. No hay, como en México, una autoridad federal creada para regular las jornadas electorales.

La elección de Donald Trump en 2016 rompió la tradición de que los ocupantes de la Casa Blanca provenían de una carrera política, ya sea en el Congreso federal, de una gubernatura o del propio Ejecutivo, como es el caso del presidente Biden, quien fue senador por 30 años para seguir a la vicepresidencia con el presidente Obama, y de allí competir y derrotar a Trump.

Por primera vez en la historia, Trump se negó a reconocer el resultado de la elección, incitó a sus seguidores más radicales, quienes asaltaron e Capitolio para prohibir la ceremonia con la que se formalizaba la asunción de Biden. El mundo entero veía con incredulidad este grupo de personajes anárquicos, radicales, romper las puertas del Congreso y pasear por las oficinas de los diputados y senadores. 

Después de unas horas, y ante la presión pública y la negativa de su vicepresidente Mike Pence a declarar nula la elección, se vio obligado a salir de la Casa Blanca defenestrado, pero no derrotado, como explicaré en la próxima entrega.

No obstante lo anterior, Trump aspira ahora a ser electo presidente en los comicios que tendrán lugar el 5 de noviembre del presente año. ¿Tendrá posibilidad de ser electo? ¿Cómo lo procesará la clase política? ¿Podrá superar los muchos litigios y demandas que enfrenta? ¿Qué repercusiones habrá en la relación bilateral durante la campaña electoral donde México será parte del debate? ¿En caso de triunfar, qué podríamos esperar de un Trump electo?