Quinto round

El distanciamiento empezó cuando Sessions se disculpó por no conocer la investigación iniciada contra Trump por su posible colusión con el gobierno ruso para influir en el resultado de las elecciones que lo llevaron a la Casa Blanca. Lo hizo cuando lo cuestionaron sobre la plática que sostuvo con el embajador ruso durante la campaña. Según las leyes en ese país, si hay el menor conflicto de interés, el funcionario en cuestión debe evitar participar en cualquier asunto por relevante que sea.

Su declinación hizo que el siguiente funcionario en la jerarquía, el subprocurador general Rod J. Rosenstein, designara como fiscal independiente a un prestigiado abogado, exdirector del FBI, Robert Mueller III, para que llevara a cabo esa crítica tarea.

Ante el último ataque de Trump, el procurador general contestó: “Mientras yo sea procurador general, las acciones del Departamento de Justicia no serán influenciadas de manera inapropiada por consideraciones políticas… ninguna nación tiene un equipo de investigadores y fiscales más talentoso y comprometido. Estoy orgulloso de servir con ellos y por nuestro trabajo para reforzar el Estado de derecho”.

En otras palabras, dejó claro que más allá de inclinaciones ideológicas o partidistas, su función es vigilar que la ley se aplique al margen de ellas. Este personaje no es “una perita en dulce”, su larga carrera como senador se caracterizó por su visión conservadora, antimigrante, contrario a la despenalización de la mariguana, al aborto y a los matrimonios entre personas del mismo sexo. De hecho, fue el más entusiasta partidario de la candidatura de Trump.

En mis colaboraciones previas tituladas del Primer round al Cuarto round, comenté diversos episodios en los que la permanencia de Trump como Presidente se ha puesto en duda. Esta semana sufrió varios golpes duros que han vuelto a plantear la posibilidad de que no termine el periodo para el que fue electo. Esta vez, dos de sus principales asesores y colegas de muchos años fueron los que le propinaron durísimos jabs, ganchos y golpes bajos.

Paul Manafort, coordinador de su campaña presidencial, fue declarado por un jurado culpable de múltiples delitos fiscales y financieros con una posible pena de hasta 60 años de prisión. Michael Cohen, su abogado personal por más de 10 años, declaró haber pagado, “por instrucciones de Trump y para no lastimar su carrera presidencial”, decenas de miles de dólares a una actriz porno y a una “conejita” del Playboy para que guardaran silencio y no declararan haber tenido relaciones sexuales con el hoy mandatario.

La noticia ocupó los primeros lugares en los principales periódicos, redes sociales y canales televisivos. La larga investigación dirigida por Muller logró su primera condena y confirmó que Trump ha mentido y, tal vez, ha violado la ley electoral. Su esposa Melania inició un sorpresivo y discreto viaje por África en una “visita humanitaria”, alimentando aún más los rumores del distanciamiento con su esposo.

En otro contexto, pero ligado a la zarandeada que este quinto round le ha propinado al ocupante de la Casa Blanca, los principales exdirectores de la comunidad de inteligencia estadunidense publicaron una carta en la que dan su apoyo al señor John Brennan, exdirector la CIA, a quien Trump quitó la llamada security clearance, una especie de estatus de privilegio en el acceso a información sensible que se les otorga a funcionarios distinguidos para que se mantengan al tanto de los asuntos de seguridad nacional y puedan aportar su experiencia a los tomadores de decisión.

Brennan ha sido un acérrimo crítico de Trump, lo considera una amenaza para su país, incapaz de ser un presidente responsable y calificó su relación con Putin como “cercana a la traición”.

Trump no se pudo contener al tomar esa decisión sin precedente. ¿En verdad es sensato y racional enfrentar como enemigos a quienes guardan los secretos más relevantes, a quienes conocen mejor que nadie las debilidades y fortalezas de Estados Unidos, a quienes se precian de ser patriotas y haber defendido a su país?

No sé si estos nuevos escándalos serán el principio del fin de Trump. Lo que sí dejan claro es que una democracia necesita tener instituciones autónomas, profesionales y celosas de su misión de hacer cumplir la ley.

Con las diferencias obvias del caso, en México estamos cerca de resolver la designación de los responsables de tres puestos fundamentales: El fiscal general, el fiscal electoral y el fiscal Anticorrupción. Sólo si las personas que tomen esas responsabilidades son capaces de resistir las naturales presiones políticas que les esperan, habremos dado un muy buen paso en la búsqueda de convertirnos en un país donde las leyes cuentan y se aplican.