Mirar al sur (IV y última)

En uno más de sus dislates, sostuvo que, si los militares fueran atacados con piedras, podrían disparar en su defensa; después se retractó diciendo que sólo impedirán que crucen la línea fronteriza. Además, adelantó que se negarán las solicitudes de asilo que solicite esta pobre gente. No le importa mentir y violar las leyes de su país que prohíben al ejército usar armas en su territorio y que las peticiones de asilo son un derecho internacionalmente reconocido.

Todo parece que en materia migratoria será imposible lograr un entendimiento razonable con nuestro vecino del norte mientras siga en la Casa Blanca su actual ocupante. Ojalá se abra una esperanza de cambio en las elecciones del próximo 6 de noviembre cuando se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un buen número de senadores.

Veremos qué pasa cuando la “caravana centroamericana” llegue a la frontera. ¿las autoridades migratorias —la temida “migra”— usarán la fuerza para impedir que crucen las garitas y los puentes? ¿los migrantes bloquearán el cruce de peatones y vehículos? ¿cómo responderán las autoridades mexicanas?

Toca ahora asumir que no podemos seguir negando la crisis que vive la población de Guatemala, Honduras y El Salvador. Caminan hacia nuestra frontera sur nuevas “caravanas” y vendrán más.

Le corresponderá al gobierno entrante definir una política razonada y eficiente, que incluya medidas de corto plazo, con una estrategia de mediano y largo alcance. No podemos exigir al gobierno de Estados Unidos lo que no cumplimos en el sur: trato digno, respetuoso de los derechos humanos para los migrantes de Centroamérica y otras latitudes.

Se abre la oportunidad para explorar nuevas medidas, explicar a la sociedad la complejidad del tema: si queremos empezar por aplicar el Estado de derecho en esta materia. Las leyes dicen que pueden entrar a México las personas que cuenten con los documentos necesarios (pasaporte, visa) por ejemplo, ¿qué hacer entonces con los miles de hondureños que no cuentan con éstos? Tampoco podemos ser ingenuos ¿cómo evitar que, al abrir la frontera, no lo aproveche también la delincuencia? Las bandas colombianas que en los últimos tiempos han robado en casas habitación en la Ciudad de México se han aprovechado de la eliminación de la visa a los nacionales de ese país.

La designación del doctor Tonatiuh Guillén como nuevo comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) es una gran noticia. Se trata de un reconocido y sólido académico que ha estudiado el fenómeno migratorio desde hace años. Es un cambio de perfil que manda un mensaje político: la migración requiere ser atendida como un fenómeno social y no como un delito. Podrá trabajar de la mano de Alejandro Encinas, quien será el responsable de definir la política migratoria y a Tonatiuh le corresponderá ejecutarla

En mi pasada colaboración expliqué lo que considero necesario para que la idea de ofrecer empleo a centroamericanos pueda concretarse y cumplir con su objetivo de dar una alternativa a la desesperación de los migrantes.

Una condición indispensable para que esta iniciativa prospere es que se cuente con los recursos presupuestales necesarios. Si bien se requerirá la participación de diversas autoridades del gobierno federal: las secretarías de Trabajo, Salud, Educación, Relaciones Exteriores; el principal responsable de su ejecución será el INM.

Desde su creación, el Instituto no ha tenido la atención que requiere, no obstante su gran responsabilidad. Siendo México un país de origen, tránsito y destino de flujos migratorios internacionales, es un contrasentido que a la autoridad responsable no se le haya dotado de los recursos humanos y presupuestales necesarios para cumplir con sus atribuciones.

La Ley de Migración aprobada en 2011, le da la facultad exclusiva de interactuar con los extranjeros que estén en nuestro territorio, es una ley con alto sentido humanitario, parte del principio de que su actuación debe apegarse de manera ineludible al respeto de los derechos humanos de todo extranjero, prevé trato especial para menores migrantes, lugares dignos y seguros para su resguardo temporal, así como la profesionalización de su personal.

A pesar de atender esta responsabilidad tan delicada, los agentes migratorios son los más mal pagados de todas las autoridades de seguridad y aplicación de la ley en nuestro país, su sueldo es de  7,250.00 pesos al mes mientras que un Policía Federal gana  14,300.00.

En el gobierno que termina, su presupuesto pasó de 1966 millones en 2015 a 1732 millones en 2017. Su plantilla de 5300 personas no pudo ser ocupada por su gran rotación y por el “congelamiento” de sus plazas. Sólo para dar una idea de lo que esto significa, la Patrulla Fronteriza que espera a los migrantes centroamericanos tiene 20 mil agentes y un presupuesto de 3805 millones … de dólares.

En suma, los retos que enfrentaremos en nuestra frontera sur son inéditos. Somos ahora un país de destino y tránsito más que de expulsión de migrantes. Esperemos que esta prioridad se vea reflejada en el presupuesto que se le asigne para 2018, de no ser el caso, tendremos que aceptar que en realidad no es una prioridad. Pronto sabremos.

Director de Grupo Atalaya

Twitter: @GustavoMohar