Mirar hacia dentro (II) Las prisiones

Parto del supuesto de que sólo en la medida en que reforcemos nuestras capacidades políticas, institucionales, administrativas, legales y económicas tendremos mayor autoridad moral para defender nuestra agenda frente al vecino del norte, así como para diseñar una estrategia integral hacia nuestros vecinos del sur.

Hay quien opina que el esfuerzo que hace México al combatir a los cárteles del narcotráfico y el cultivo de mariguana y amapola o impedir el tránsito indocumentado de migrantes por nuestro territorio implica que “le hacemos el trabajo sucio a Estados Unidos”, idea discutible, pues el combate a la delincuencia es una responsabilidad propia de cada país, como lo es aplicar sus leyes.

De esta lucha, el último eslabón de la cadena de prevención y combate del delito son las cárceles, cuyo objetivo es confinar a individuos que representan un riesgo para la sociedad, los cuales, se supone, han sido encontrados culpables después de tener un proceso legal y una vez cumplida su sentencia sean liberados para reinsertarse en la sociedad.

El artículo 18 constitucional fue reformado en el mes de junio de 2008 para sustituir el concepto de “readaptación social del delincuente” por “reinserción social del sentenciado”. Con anterioridad, la Carta Magna señalaba que el objetivo de las cárceles era la “regeneración” de la persona que delinque.

Sin embargo, lo anterior está lejos de cumplirse. Son recurrentes las noticias de motines, fugas, abusos, corrupción y extorsión en la mayoría de las penitenciarías de nuestro país. En el dramático y escabroso reporte Yugo Zeta, sobre el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Piedras Negras, Coahuila, Sergio Aguayo y Jacobo Dayán describen una situación de deterioro, degradación moral y corrupción, difícil de creer.

Tres extractos sólo a manera de ejemplo:

“Algunos pasatiempos del jefe de la cárcel (un integrante del cártel de Los Zetas) eran inofensivos: a veces utilizaba sus privilegios para salir por las mañanas (de la cárcel) a tomar café y leer los periódicos, comer por la tarde en un buen restaurante y regresar a su celda en la noche…”.

Otros hábitos eran siniestros: durante algún tiempo las autoridades tuvieron que cerrar las torres de vigilancia de la cárcel porque al jefe de cárcel se le ocurrió disparar por pura diversión a los guardias.

Esa organización delictiva usaba la cárcel como refugio cuando era perseguida por la autoridad, como casa de seguridad para mantener a las víctimas de sus secuestros, inclusive, contaba con un área de “cocineros” para eliminar “cuerpos”.

Otro caso es el que la revista Newsweek incluye en su ejemplar del 17 de noviembre del año en curso titulado Empieza con una llamada terrorífica: cómo los delincuentes en México amenazan familias estadounidenses. El texto describe las crecientes extorsiones telefónicas que delincuentes mexicanos hacen desde cárceles ubicadas en nuestro territorio a personas radicadas en Estados Unidos, tal y como lo padecemos en México. El asunto ha cobrado tal importancia que el FBI ha intervenido para investigar múltiples casos y buscar algún tipo de solución.

En Houston, un jurado declaró culpable a una mujer de origen mexicano por participar en un esquema de extorsión telefónica que pretendía simular un secuestro. Es el primer caso de una sentencia federal por el delito de secuestro virtual.

Existen múltiples diagnósticos sobre la enorme problemática del sistema penitenciario mexicano, así como propuestas de lo que podría ser el inicio para corregir este lamentable panorama en los tres niveles de gobierno. Este espacio no permite abordar las ideas y recomendaciones citadas, pero estas son algunas buenas referencias:

http://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2014/05/dfensor_10_2010.pdf

http://mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2016/05/MEX-EVA_INDX-CARCEL-M...

Ante la cruda realidad descrita, es claro que estamos frente a una contradicción entre lo que establecen nuestras leyes y lo que sucede en su implementación. Ni regeneración, ni readaptación, ni reinserción, sino degradación.

Muchos de los delincuentes sentenciados pertenecen a organizaciones del narcotráfico, son secuestradores, traficantes de personas, homicidas y otros tantos son delincuentes menores que el marco legal sanciona con penas privativas de libertad.

Es cierto que varios de los delitos que estas personas cometen derivan del movimiento de drogas hacia Estados Unidos, del cruce ilegal de migrantes, de la explotación de centroamericanos detenidos en nuestro territorio rumbo a la frontera norte; pero mientras no se tenga la voluntad política para enfrentar el actual caos penitenciario, seguiremos fingiendo que buscamos su “reinserción” y sólo alentaremos el crecimiento de la delincuencia. Resolver este tema tan complejo es responsabilidad sólo de nosotros, los mexicanos.