Logo de Excélsior                                                        

Trump y Las Vegas

Gustavo Mohar

Gustavo Mohar

 

Con mi respeto y afecto a Leonardo Curzio.

Verónica Baz hace notar en un detallado artículo que publicó el pasado 6 de octubre en el periódico Reforma  “que 43 millones de personas visitan Las Vegas cada año y quienes la visitan dejan ahí 35 mil millones de dólares al año; tiene 17 de los 20 hoteles más grandes en Estados Unidos y más de 250 millones de personas que trabajan en la industria del turismo y el entretenimiento. Puede gustarnos o no, pero no hay otro lugar en el mundo así”.

El narcotraficante Zhenli Ye Gon, arrestado en México en marzo de 2007, quien adquirió fama mundial cuando se supo que en su casa guardaba más de 205 millones de dólares, solía gastar parte de sus ganancias en los salones de juegos exclusivos en Las Vegas, donde no hay límites a las cantidades que los jugadores pueden apostar. Se dice que la investigación realizada sobre sus nexos con el narcotráfico y el origen de su fortuna reveló que en un fin de semana en Las Vegas perdió 19 millones de dólares. El hotel donde se hospedó lo compensó con un lujoso auto Mercedes Benz que le entregaron en la puerta de su casa en la Ciudad de México.

Sin embargo, el pasado 1 de octubre Las Vegas adquirió una imagen inédita de terror: un enigmático ciudadano estadunidense de 64 años, aficionado a las apuestas, sin ningún antecedente penal ni afiliación ideológica, lanzó ráfagas de fuego desde la ventana de un lujoso hotel a una multitud que disfrutaba de un concierto al aire libre. En un lapso de 9 a 11 minutos, asesinó a 58 personas e hirió a 489 más.

Este asesino adquirió a lo largo de varios años un arsenal de 46 armas, muchas de ellas de alto poder. Él nunca despertó la menor sospecha de ser un sujeto peligroso por parte de sus familiares, su pareja y, por supuesto, de los vendedores de armas, quienes veían en él un buen cliente. Este sujeto también compró en algún momento un dispositivo que ayuda a transformar un arma semiautomática en una que permite disparar sin descanso cientos de balas en un minuto.

Esta masacre ha llevado a una nueva discusión sobre la libertad que tienen los estadunidenses para comprar todo tipo de armamento con una verificación mínima de sus antecedentes. En un interesante editorial del periódico The New York Times del pasado 5 de octubre, se hace un recuento de los días que han transcurrido desde que sucedieron diversos eventos en los que niños, jóvenes, hombres y mujeres inocentes que han sido atacados con metralletas o rifles por individuos desquiciados. El más aterrador de estos incidentes ocurrió en un kínder donde murieron 26 niños menores de seis años, el cual sucedió hace 1,757 días. A pesar de la recurrencia de este tipo de atrocidades, nada se ha hecho para prevenirlas.

El tema se ha debatido incontables veces en los medios, el Congreso y la sociedad estadunidense. Basada en el derecho constitucional a poseer armas, la industria que las fabrica, a través de la organización llamada National Rifle Association (NRA), ha logrado impedir cualquier tipo de restricción para condicionar la venta de armamento elaborado para combate militar.

La NRA fue un prolífico donante durante la elección del presidente Trump. Sus líderes celebraron su triunfo por tener en la Casa Blanca por primera vez a “uno de los suyos”. Formada por la poderosa industria armamentista y miles de miembros poseedores de distintos calibres de armas, esta organización donó millones de dólares para asegurar que su candidato fuera electo.

Por ello, al suceder esta tragedia, Trump evitó hablar de la necesidad de revisar las leyes en esta materia y se limitó a decir que “este no era el momento para hablar de eso”.

Todo lo anterior tiene una seria implicación para México. Como sabemos, la delincuencia organizada que opera en nuestro país adquiere sus armas en Estados Unidos y las pasa ilegalmente por la frontera común. Desde el inicio del combate al narcotráfico, México ha planteado al gobierno de Estados Unidos la necesidad de modificar su legislación o al menos impedir el contrabando de armas o cooperar con las autoridades mexicanas para evitarlo.

No ha habido manera de obtener una respuesta afirmativa de las autoridades competentes en ese país. Bajo el argumento de que “es un derecho constitucional”, no sólo no han cambiado la ley, sino que la cooperación en la materia es muy limitada, por no decir inexistente.

En ese contexto, los negociadores mexicanos del TLC y el gobierno en su conjunto enfrentan un enorme reto, pues si en verdad se busca una negociación integral de la agenda bilateral que incluya los temas de seguridad y migración, el control al tráfico y venta de armas a la delincuencia mexicana debe ser planteado como una exigencia legítima de interés mutuo.

Se deben explorar los mecanismos para sumarnos a la batalla legal que vendrá en los próximos meses en Estados Unidos para forzar al gobierno de Trump a restringir esta locura de permitir la venta no controlada de armas y cooperar con México de manera concreta y consistente. Estoy claro que esta idea puede parecer ingenua o inviable, pero la masacre en Las Vegas abre una oportunidad para que México se sume a la indignación que hoy existe en Estados Unidos y haga saber que las armas que usó el señor Stephen Paddock son las mismas con las que la delincuencia mexicana mata a nuestros policías, soldados y a civiles inocentes.

 

Comparte en Redes Sociales

Más de Gustavo Mohar