Fronteras compartidas, futuros compartidos (II)

Este tema parece cobrar relevancia en Estados Unidos, ya que en las últimas semanas muchas organizaciones agrícolas han declarado que les hace falta mano de obra para poder levantar sus cosechas (ver artículo If America is overrun by low-skilled migrants..., The Economist julio 27, 2017). Otras industrias como la hotelería, jardinería, servicios de enfermería, asilos y la industria de la construcción han experimentado insuficiencia de trabajadores para ocupar las vacantes que tienen disponibles (ver reporte del MPI: http://www.migrationpolicy.org/article/despite-political-resistance-use-temporary-worker-visas-rises-us-labor-market-tightens).

El asunto plantea algunas interrogantes: ¿Los trabajadores mexicanos no se presentan en los campos agrícolas por temor a ser detenidos y deportados a México? ¿Será cierto que las deportaciones forzadas y los retornos voluntarios a nuestro país han sido de tal magnitud que han impactado la oferta de trabajadores? ¿El número de meseros, enfermeras, empleadas domésticas, trabajadores de construcción mexicanos es insuficiente para aprovechar la recuperación económica en el país vecino, o bien prefieren buscar trabajos mejor remunerados?

Es prematuro dar respuesta a las preguntas anteriores por falta de datos duros. Lo que es claro es que hay una oportunidad para que el gobierno mexicano tome la iniciativa y plantee a su contraparte los beneficios que tendría para ambas partes establecer un acuerdo que ordene y regule este mercado de trabajo.

Ahora sabemos que en la negociación del Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos pretende incorporar en el texto del mismo los llamados “acuerdos paralelos” en materia laboral y ambiental que fueron negociados de último momento como un requisito por el Congreso al presidente Bill Clinton.

Estos acuerdos no tuvieron un efecto relevante, ya que a lo largo de los casi 25 años de vigencia del TLC, el intercambio comercial creció de tal manera que relegó el interés por analizar los impactos del mismo en materia de condiciones laborales, salariales o ambientales.

No está claro todavía qué pretende Estados Unidos en materia laboral. El texto dado a conocer en estos días sobre los objetivos que busca de la renegociación contiene una larga lista de obligaciones en materia de salarios, obligaciones internacionales, cumplimiento de las leyes laborales, en especial aquellas relativas a respetar “los salarios mínimos, los horarios de trabajo…” y “asegurar que estas obligaciones laborales estén sujetas al mismo mecanismo de solución de controversias aplicable a otras obligaciones contenidas en el tratado”. ¿Implicará negociar, por ejemplo, las condiciones de trabajo y los salarios de los migrantes temporales mexicanos?

En México se ha iniciado un debate público sobre la conveniencia, riesgos y efectos de incrementar el salario mínimo o sustituirlo por otro mecanismo que refleje de manera más realista la remuneración mínima que un mexicano debe tener para sufragar sus gastos elementales. ¿Estados Unidos planteará que los bajos salarios mexicanos son un subsidio que debe ser corregido?

Esa diferencia del poder adquisitivo del salario ha sido uno de los principales factores que han impulsado a millones de mexicanos a emigrar a Estados Unidos. El salario mínimo vigente en Estados Unidos es de 7.25 dólares por hora (equivalente a 129 pesos), mientras que en México es de 80.04 pesos el día laboral. En realidad ese salario, en apariencia atractivo, apenas le permite subsistir, ya que tiene que pagar su comida, transporte, habitación, ropa, etcétera, y enviar a México el poco sobrante que le queda para ayudar a la manutención básica de su familia.

A lo anterior se suman incontables casos en que los trabajadores mexicanos son remunerados por debajo de lo que marca la ley en Estados Unidos, hospedados en condiciones de hacinamiento, amenazados con ser denunciados ante las autoridades migratorias o, peor aún, deportados antes de recibir sus salarios.

El estudio al que me refiero plantea diversos mecanismos para evitar que este statu quo se mantenga y se gane estabilidad, legalidad y certidumbre, tanto para el empleador estadunidense, como para el trabajador mexicano. Se garantizarían así los mutuos derechos y obligaciones, como han gozado los agricultores canadienses y los trabajadores mexicanos durante décadas.

En suma, según han dicho los funcionarios mexicanos, la negociación con Estados Unidos es un paquete integrado que incluye el Tratado de Libre Comercio, la seguridad, la frontera común y la migración. De ser así, alcanzar un entendimiento en materia de la movilidad laboral de carácter estacional es una asignatura pendiente que esta vez no debería quedar sin solución.