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Respuestas a Trump, los migrantes (II)

Gustavo Mohar

Gustavo Mohar

Amenazó a las llamadas “ciudades santuario” de no oponerse a su decisión; se les conoce así a aquellas que han adoptado políticas que protegen a residentes, aun cuando éstos no cuenten con sus documentos migratorios; les facilitan obtener licencias de manejo, identidades para hacer trámites, abrir cuentas en bancos, atender escuelas y hospitales. En éstas los migrantes también pueden tener confianza de acudir sin miedo con los policías si llegaran a necesitarlos, ya que ellos no van a realizar labores de control migratorio.

El próximo inquilino de la Casa Blanca (imagen que se antoja todavía impensable) parece decidido a cumplir con las amenazas que lanzó durante su campaña; sobre todo aquellas para las que cuenta con facultades legales para actuar, como son: ordenar a su secretario de Seguridad Interna (nombramiento crítico para anticipar lo que podemos esperar, se mencionan como posibles candidatos a personajes conocidos por su radicalismo antiinmigrante), intensificar las detenciones de personas sin papeles migratorios, eliminar el beneficio que otorgó Obama a 740 mil jóvenes estudiantes que llegaron a Estados Unidos con sus padres indocumentados e iniciar la construcción de “una enorme muralla” en la frontera con México, lo que trataré en mi próxima entrega.

Sin embargo, no le será tan fácil operar las deportaciones. Si bien la agencia responsable de perseguir indocumentados cuenta con un presupuesto mayor que el de la DEA y el FBI juntos, el proceso para expulsar a una persona se lleva a cabo ante un tribunal. Hoy existe un rezago enorme, la lista de espera para tener audiencia ante el juez que ordene la deportación es de cientos de miles de personas, que en algunos casos se estima será hasta dentro de ¡cinco años!

En los años recientes, el gobierno de Obama deportó un número cercano a tres millones de mexicanos, de los cuales cerca del 60 por ciento fue detenido en el interior del país y el resto, en la zona fronteriza. Es decir, si la decisión de Trump es superar ese número, podemos esperar no sólo un aumento en las redadas en los centros de trabajo, hogares y en las calles; sino además un esfuerzo por generar un ambiente deliberado de miedo y hostigamiento que obligue a los migrantes a regresar de manera voluntaria a México.

Se pondrá a prueba nuestra capacidad de articular una política de reinserción y apoyo efectiva para los miles de paisanos que llevan muchos años fuera de sus lugares de origen; tarea que compete a los tres niveles de gobierno, el sector privado, la sociedad civil organizada, los medios y la academia.

Deportar a cientos de miles de jóvenes estudiantes enfrentará una feroz resistencia legal y política. Decenas de rectores universitarios, de organizaciones sociales y de estudiantes han advertido que no permitirán que esto suceda. No es descabellado que si Trump lo intenta, se presente una verdadera revuelta estudiantil en las calles de Estados Unidos.

Con lo anterior no quiero minimizar la seriedad de la situación. Nuestros paisanos enfrentan un escenario de miedo, abuso e inseguridad. Muchas familias podrían ser separadas y sus miembros enjuiciados como criminales por la falla administrativa en la que incurrieron por la necedad de los políticos y legisladores estadunidenses de no cambiar su anacrónica y disfuncional ley migratoria.

¿Qué se puede hacer? Propongo algunas acciones: hacer uso intensivo, planeado y sistemático de los medios legales que ofrece el sistema judicial de ese país para oponerse a las deportaciones; contratar abogados pro bono y despachos que se encarguen de presentar demandas que saturen aún más las cortes, que denuncien violaciones a derechos humanos y el uso de violencia excesiva; y de tener la oportunidad, llevar la defensa de nuestros compatriotas ante instancias internacionales.

Tal vez lo más importante es que las autoridades de nuestro país negocien con el gobierno de Trump un acuerdo para que no actúe de manera unilateral, para asegurar que las políticas migratorias respeten la dignidad de los afectados, la unidad familiar y el derecho a la protección consular. Que a los menores de edad y mujeres solas los entreguen con orden y seguridad en la frontera, que informe con antelación de la deportación de delincuentes acusados de delitos graves y no los devuelvan a nuestro país sin notificación ni aviso previo, como lo han hecho en años pasados. México no sólo tiene el derecho a exigir lo anterior, le asiste la razón.

En suma, hay que convencernos de que lo que Trump piensa hacer no sólo es injusto y agresivo para México y los mexicanos, sino que agravia a nuestros migrantes que en su inmensa mayoría son gente buena, que beneficia con su trabajo, sus impuestos, su cultura y sus tradiciones a las comunidades donde viven, las escuelas donde estudian o enseñan y los restaurantes donde laboran. Su presencia hace que la sociedad de ese país gane, y gane mucho.

En la negociación que el gobierno de México debe hacer con nuestro vecino del norte, liderado por un personaje impredecible —difícil de comparar con cualquiera de sus antecesores—, está de por medio defender a los padres e hijos de muchas familias que hoy viven en la zozobra. Ellos han sido insultados sin razón, lo paradójico es que las mentiras de Trump se pueden convertir en una verdadera tragedia personal para ellos.

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