Un primer paso

Ésta refleja el consenso creciente de privilegiar la atención a este tema complejo, más como un asunto de salud pública que de criminalidad. Es claro que se trata de un fenómeno internacional que afecta en diversos grados a todas las sociedades y, dentro de ellas, a todos sus estratos sociales, sin que se haya encontrado una solución que atienda sus múltiples ramificaciones.

“México”, dijo el Presidente, “ha pagado un alto precio, un precio excesivo en términos de tranquilidad, sufrimiento de vidas humanas en la lucha contra los grupos de narcotráfico”. Presentó una serie de propuestas entre las que destacó la conveniencia de autorizar el uso de la mariguana para fines medicinales, campañas globales para alertar a niños y jóvenes, generar alternativas al encarcelamiento de los consumidores y aumentar la cooperación contra la delincuencia organizada, entre otras.

En seguimiento a su discurso, presentó una iniciativa al Senado mexicano para reformar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal. En ella propone regular varios conceptos: aumentar de cinco a 28 gramos la posesión mínima autorizada de mariguana (con lo cual podrían obtener su libertad presos acusados de posesión mayor a los cinco gramos), autorizar el uso de medicinas elaboradas a base de mariguana y permitir su importación y la investigación clínica con fines de registro para productos que contengan mariguana y sus ingredientes activos.

En suma, se inicia así un proceso transformador necesario, pero no exento de riesgos y retos de enorme trascendencia. Sin embargo, quedan preguntas muy relevantes sin respuesta: ¿Cómo producir medicinas con mariguana, si la siembra y comercialización de la misma siguen siendo ilegales? ¿El sistema judicial responderá con criterio y eficiencia para liberar a miles de personas detenidas por posesión o consumo que carecen de medios para promover su caso?

Comparto una experiencia que ejemplifica las dificultades que se avecinan: un joven de 17 años y dos amigos quisieron comprar un carrujo de mariguana para fumarla por primera vez, al momento de pagarle al supuesto proveedor, fueron detenidos por una docena de elementos de la policía del Estado de México, quienes les “ plantaron” una buena cantidad de mariguana en sus chamarras y mochilas, acusándolos de narcotráfico; los padres tuvieron que pagar una enorme cantidad de dinero para que fueran liberados y no ser consignados como narcotraficantes. La nueva política no tiene nada que ver con esta realidad.

En un excepcional y oportuno ensayo escrito por Joaquín Villalobos en la revista Foreign Affairs Latinoamérica, de abril-junio del año en curso, este brillante analista explica con claridad meridiana que el debate sobre el narcotráfico y consumo de drogas evade un tema medular: “Los argumentos para defender la legalización o regulación de las drogas y otras ideas semejantes pueden ser impecables en el plano de lo económico, del ejercicio de las libertades e incluso de los aspectos morales. Incluso es posible estar de acuerdo con todas esas ideas, pero el debate no es si hay o no derecho de fumar mariguana, si es mejor controlar la heroína o si conviene cobrar impuestos a la venta de drogas para que el Estado tenga más recursos y los cárteles menos. Ninguno de esos argumentos responde los vacíos de autoridad del Estado en el territorio, a la debilidad de las policías y a la corrupción como un problema cultural”. 

Este exguerrillero salvadoreño, hoy uno de los estrategas de conflictos sociales más reconocidos en el mundo, sostiene que la violencia que sufren países como El Salvador “sin narcotráfico, sin crimen organizado y sin infiltración criminal de la policía, están metidos prácticamente en una nueva guerra: sufren un homicidio cada hora, un policía es asesinado cada cinco días y decenas de miles de pandilleros dominan grandes espacios urbanos y rurales. Los maras no se financian del narco, lo hacen mediante extorsiones al transporte público, a las empresas que distribuyen productos en los barrios, a las alcaldías y a miles de pequeños negocios…”.

En contraste, Nicaragua, uno de los países más pobres del continente, “tiene la policía menos numerosa y de salario más bajo que México y  Panamá… no hay penetración del narcotráfico entre los militares y los policías ni se han contaminado del pandillerismo de sus vecinos… el ejército y la policía se formaron por exguerrilleros y militares durante la Revolución Sandinista que obligó a tener una doctrina territorial para defender la revolución. Hoy existen redes de inteligencia y prevención muy eficaces que son ahora parte de la seguridad”. Hoy, ¡una exmonja es la jefa de la policía nicaragüense!

En mi próxima colaboración abordaré por qué la iniciativa presidencial, las decisiones de la Suprema Corte de Justicia y los foros públicos sobre la legalización de la mariguana son apenas un buen primer paso en un “largo y sinuoso camino”, como diría Paul McCartney.

Twitter: @GustavoMohar