El fallo y la violencia (III)

Durante los últimos diez años hemos sufrido en México una ola de violencia  derivada del combate contra los cárteles del narcotráfico. El crecimiento soterrado que estas organizaciones han tenido en nuesro país se deriva del éxito que tuvo el gobierno de Estados Unidos en las acciones que emprendió para impedir la llegada de las drogas a su territorio, principalmente la cocaína, que se traficaba desde Colombia hacia Florida. Los narcos mexicanos vieron en ello la oportunidad de controlar el trasiego de la droga, que ahora se tiene que hacer por México para introducirla a Estados Unidos. De manera gradual pero consistente, aprendieron a venderla en las ciudades de ese país, donde sus utilidades tuvieron un crecimiento espectacular.

Con ello tuvieron acceso a cantidades enormes de dinero. Los estudios más serios han estimado que el narco mexicano ha ganado entre tres y ocho mil millones de dólares, libres de polvo y paja. ¿Se imagina usted lo que es posible hacer con ese río de dinero? Pueden comprar cualquier tipo de arma, medios de transporte, propiedades, joyas y… conciencias.

Si confiamos en las estadísticas oficiales, la gran mayoría de las muertes violentas han sido personas de las propias organizaciones criminales, otras de soldados, marinos y policías que las enfrentan, las menos son de ciudadanos que se atraviesan en su camino o víctimas por haber estado en el momento de una confrontación violenta.

Esta situación es muy diferente a lo que pasó en Colombia donde el narco, representado por Pablo Escobar, atacó de manera brutal a la sociedad colombiana y a la Suprema Corte, destruyó edificios, explotó aviones, secuestró y chantajeó al gobierno con matar a miles de ciudadanos inocentes.

El narco mexicano, hasta ahora, no ha recurrido a ese método terrible. Ha optado por corromper, extorsionar, amenazar y, de ser necesario, eliminar autoridades de todos los niveles. Recluta jóvenes desempleados, adictos, maleantes menores provenientes de violencia doméstica o zonas marginadas y carentes de un mejor porvenir. Extorsiona negocios y personas que no encuentran protección en sus autoridades. Rebasa el espacio de esta columna comentar la impunidad que goza la delincuencia en nuestro país, basta decir que sólo 3% de los delitos son castigados con sentencias condenatorias.

Lo anterior es una apretada y por ende incompleta narrativa de la evolución del narcotráfico en nuestro país, sus terribles efectos destructivos, su poder y la debilidad de las instituciones encargadas de enfrentarlas. Más allá del uso de la fuerza legítima que el Estado aplica por medio de las fuerzas armadas y policías, tema cuya complejidad rebasa la posibilidad de tratarlo en este espacio, busco vincular la decisión de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país de autorizar a cuatro ciudadanos a producir y consumir mariguana. Hay quienes ven en ello, el inicio de la reducción de la violencia criminal, ésta una aspiración legítima pero muy lejana de cristalizar.

La violencia en el país se explica y sostiene por causas múltiples, entre ellas y no sabemos en qué porcentaje o importancia relativa,  se deriva de la prohibición del consumo de mariguana. Sabemos que hoy operan en el país decenas de grupos criminales dedicados al narcotráfico y otros delitos como el robo de hidrocarburos, la extorsión, el secuestro, la trata y tráfico de personas y el robo con violencia. Delitos que me temo continuarán al margen de la evolución que tenga el debate sobre la legalización o descriminalización de esa droga.

Es importante que en nuestra sociedad se haga un análisis y debate sobre el tema, nadie puede ostentarse poseedor de la verdad. Hay diferencias en la comunidad científica sobre el alcance del daño y riesgos que su uso produce en la salud física y mental de quien la consume. Es prematuro sostener que los países que han iniciado su liberalización han tenido éxito, como dijo el expresidente Uruguayo José Mujica: “...Es un experimento basado en las condiciones específicas uruguayas” entre otras, una población de sólo cuatro millones de personas, con una tradición de alta educación y cultura y un sistema de justicia  que castiga 93% de los delitos que se cometen.

En suma, necesitaremos hacer uso y recurrir a nuestros mejores especialistas, científicos, médicos, sociólogos, responsables de los centros de rehabilitación, líderes comunitarios, adictos en recuperación, organizaciones de la sociedad civil en favor y en contra de la decisión de la Suprema Corte, considerar las experiencias internacionales y las condiciones de nuestro país. No es un asunto menor y no debemos improvisar. Contamos con instituciones serias que han estudiado el tema, expertos investigadores, médicos, abogados, funcionarios honestos, datos duros útiles para entender las múltiples facetas de este tan intrincado asunto. Sobre ello escribiré en mi próxima y última entrega sobre este tema.

Twitter: @GustavoMohar