Obama frente a su Congreso

En su discurso conocido como Estado de la Unión, el presidente Obama lanzó una advertencia a los legisladores republicanos: les dijo estar decidido a hacer uso de las facultades que la ley le otorga al jefe del Ejecutivo para avanzar en los temas prioritarios de su agenda de gobierno, si ellos no actúan de manera responsable o se dejan dominar por minorías radicales.

A lo largo de su mandato, el Presidente estadunidense ha enfrenado una feroz oposición de sus contrincantes políticos. Ha sido una batalla constante alcanzar un mínimo de acuerdo bipartidista en todos los asuntos que Obama ha propuesto.

Inclusive reformas estructurales, como son las nuevas reglas de seguridad y protección a la salud, no obstante que fueron aprobadas y están en vigor, la fracción del llamado Tea Party (Partido del Té, llamado así en referencia a los fundadores de ese país), en diciembre pasado, promovió eliminar del presupuesto los fondos para su aplicación, a pesar de que los tribunales las han decretado constitucionalmente válidas.

La polarización política de Estados Unidos no es el motivo de esta columna, pero se relaciona con el tema de la misma:

¿Por qué Obama, siendo considerado un Presidente progresista, que gana su elección en gran medida por el voto favorable de la comunidad hispana, ha llevado a cabo la política de deportaciones de indocumentados más agresiva en la historia de su país?

Las cifras son de tal dimensión que son difíciles de dar proporción y perspectiva; basta decir que en los últimos cinco años, su gobierno deportó a cerca de dos millones de personas. Es decir, un promedio de 400 mil anuales o ¡más de mil cada día!

De ellos, cerca de 70% son mexicanos, es decir, entre 350 mil personas de todas las edades, familia completas o separadas, padres que salieron a sus trabajos y no regresaron a sus hogares, detenidos por una infracción de tránsito por pasarse un semáforo o traer una luz fundida, madres con hijos menores de edad, muchos de ellos nacidos en Estados Unidos; ciudadanos estadunidenses con todos sus derechos fueron devueltos a México.

Para agravar el asunto, un alto número del total de los deportados proviene de las cárceles; la política establecida dio prioridad a expulsar de Estados Unidos al mayor número de extranjeros “criminales”, sean estos verdaderos delincuentes o  aquellos que cometieron una falta administrativa, como es el caso de los migrantes sin papeles detenidos más de una ocasión.

No es difícil imaginar la angustia, la impotencia y las enormes repercusiones que estas acciones han significado para este enorme número de personas, cuyo “delito” es no tener manera de regularizar su situación migratoria, no obstante que la inmensa mayoría trabaja, paga impuestos, contribuye a fortalecer la rica heterogeneidad que caracteriza a la sociedad que los ha recibido.

La comunidad hispana en Estados Unidos ha ganado paulatinamente espacios políticos, económicos y sociales. Su influencia se dejó sentir al dar el triunfo a Obama en algunos estados críticos para ganar su elección en 2008. Una gran mayoría son mexicanos de origen.

Obama les ofreció impulsar una reforma a las leyes migratorias para dar una solución a millones de indocumentados para poder legalizar su estancia. Si bien esa oferta se ha visto truncada hasta el momento por el radicalismo republicano en la Cámara de Representantes, el mandatario ha decepcionado al liderazgo hispano, quien considera que en realidad no le ha dado el apoyo político necesario.

Es en este contexto que las deportaciones mencionadas arriba son una abierta contradicción con el supuesto objetivo de responder al reclamo de los hispanos. Si lo que se buscaba era demostrar a sus opositores que aplica la ley con todo rigor y con ello ganar su apoyo para la reforma legal, su cálculo fue un craso error.

Es en este campo donde el presidente Obama podrá hacer efectivo lo dicho en el Congreso hace una semana. La terca negativa de los republicanos en dar oportunidad a los indocumentados a salir de su “limbo” legal le da pauta para ejercer  sus atribuciones e instruir al Departamento de Seguridad Interna a suspender o reducir de manera significativa estas expulsiones.

No falta mucho para conocer si va en serio su advertencia, en este caso lo puede hacer por tener razón, por justicia, pero, sobre todo, porque es en favor de la economía y bienestar de su pueblo.

                *Consultor independiente

                Twitter: @GustavoMohar

                gustavo.mohar@gmail.com