Sí, es el Estado

La corrupción es la madre de todos los males del Estado mexicano. La impunidad es su hija más aventajada y prominente. El gobierno de México, en sus tres poderes y sus tres niveles, lo sabe perfectamente (el escribidor apuesta a que sus pocos lectores saben diferenciar entre Estado y gobierno). Otra de las partes esenciales del Estado mexicano (los ciudadanos) también sabe de la gravedad del mal, pero tajantemente rechaza ser parte de ese problema.

Los corruptos en México, claro está, son los funcionarios, los grandes y los bajos, los burócratas, los policías que se corrompen a sí mismos. Los demás mexicanos son víctimas de los corruptos (y sí, algunos que sin ser corruptos ni corruptores  —los hay, para fortuna de este país— sufren de las consecuencias de la corrupción).

La semana que hoy termina, los lectores de Excélsior pudieron conocer dos joyas de la corona de la corrupción mexicana, aunque en esos hechos no aparezca el nombre de ningún político renombrado ni las cifras sean estratosféricas, como es lo común y corriente, la costumbre.

En su edición del viernes 7 de abril, este diario publicó como su información principal (“la de ocho”, la “princesa”, se dice en el argot de las redacciones periodísticas), que en su título decía: “Fingen deportación para cobrar apoyos”, bajo la responsabilidad de mis compañeras reporteras Tania Rosas y Vanessa Alemán, quienes cotidianamente cubren las actividades de los señores diputados federales y asuntos legislativos.

La información firmada por esas dos reporteras debería haber causado un escándalo. Poco pasó. Y si usted no la leyó, el escribidor se la recordará: en una comparecencia, la coordinadora del programa Somos Mexicanos del Instituto Nacional de Migración (INM), Delia Gabriela García Acoltzi, reveló que esa dependencia ha detectado casos de “falsos deportados” por el gobierno de Donald Trump con el objetivo de conseguir apoyos y servicios (pagados todos por el dinero gubernamental, es decir, de todos los mexicanos) destinados a migrantes mexicanos que efectivamente necesitan de esas ayudas luego de ser deportados de Estados Unidos.

Los falsos deportados tienen dos orígenes, de acuerdo con lo detectado por el INM, aquellos migrantes que regresan por su propia voluntad de Estados Unidos y otros quienes, sin siquiera haber salido de México, se dicen deportados. Es más, según García Acoltzi, ya circulan constancias de repatriación falsas para conseguir los recursos de esos programas sociales. “No queremos que esto se vuelva un negocio”, dijo la funcionaria. No, ya lo es.

Y no, no se llama “ingenio”, se llama corrupción.

Otro: La madrugada del lunes 4 de abril, más o menos a eso de las 2:20 de la mañana, un automovilista estrelló su coche Aston Martin DB11 —que los conocedores le cuentan al escribidor que es el coche de James Bond y que en México cuesta, al contado, 357 mil dólares que convertidos a la humilde moneda nacional suman algo así como 6.7 millones de pesos y que en todo el país sólo hay una agencia automotriz que lo vende: en Polanco, Ciudad de México, por supuesto— en el viaducto Río Becerra, a la altura de la calle 11 de la colonia San Pedro de los Pinos. Los peritos dicen que circulaba a unos 120 kilómetros por hora, una insignificancia para el motor de ese auto, dirán los expertos.

El conductor abandonó su popular auto, que transitaba sin placas y con un permiso de circulación del “honorable” (así se dice, qué quieren) ayuntamiento de Pilcaya, Guerrero, un municipio que, según la última cifra del Inegi, tiene 11 mil 588 habitantes, pero que, de acuerdo con su presidente municipal, expide “no más” de 300 permisos de circulación al mes, 15 diarios si se divide esa cantidad entre cinco días hábiles a la semana.

La cifra habla muy bien de los ingresos de los habitantes de ese municipio: tres mil 600 permisos para circular en un año. Pobres, muy pobres, no deben ser los pilcayenses, tanto que compran sus autos en Polanco, #CDMX (según la nueva nomenclatura de la capital del país). Claro que, seguramente, para compensar, el permiso de circulación para un auto de superlujo costó 205 pesos, caro si se compara con quienes, habitantes de la Ciudad de México, “emplacan” sus autos nuevos, los baratos y los caros, en los estados de México, Morelos y Guerrero para evitar el pago de la tenencia, es decir, para evadir impuestos. Es “un servicio” que ofrecen las agencias, dicen que dicen los que lo hacen.

Claro que atrás de estos actos de flagrante corrupción hay funcionarios públicos, que “atienden” como se debe a sus corruptores, los ciudadanos tan corruptos como ellos.

“¡Ay, joven! Ustedes son de los que se fijan en una raya más al tigre”, le dijo un taxista de Hermosillo, Sonora, en junio de 1983 al escribidor, cuando el gobierno del priista Miguel de la Madrid juzgaba al senador priista Jorge Díaz Serrano, acusado de corrupción en su paso por la Dirección General de Pemex, y la promesa era entonces “la renovación moral de la sociedad”, algo que suena más o menos al Sistema Nacional Anticorrupción.

Y sí, en esto sí, es el Estado mexicano.