Ni comercial ni normal

En 2018 operó un cisma institucional, que rompió toda conexión con nuestro pasado gubernamental. El partido oficial se encuentra simplemente desconectado del acervo burocrático formado a lo largo de décadas, y actúa de manera inconsistente con los referentes de derecho internacional que nuestra nación respetara en su convivencia con la comunidad internacional, particularmente, con el vecino del norte.

Recientemente, la titular del Ejecutivo federal hizo alusión al termino “soberanas”, para describir acciones que, dijo, fueron adoptadas por Pemex, olvidando o, quizá, desconociendo, un asunto toral en la materia, el cual aconteció cuando ella apenas cursaba la primaria, esto, en el seno de una familia con superficiales raíces en nuestro país.

Para todo administrador público, particularmente, para quienes se desempeñan cerca de la extracción de hidrocarburos, caló hondamente el derrame del Ixtoc I. Lamentable suceso que contaminó gravemente el Golfo de México. Fue en 1979, cuando, por negligencia, descuido o impreparación, se registró lo que entonces fue el peor derrame de petróleo en la historia. 280 días duró la pesadilla que diera origen a reclamaciones en contra de nuestro país. Fueron cientos de barcos y decenas de aeronaves los que fueron movilizados para contener el infortunado suceso.

Desde el punto de vista legal, México sostuvo, de manera decidida y férrea, que debía distinguirse la actividad meramente comercial de las tareas que desarrollan instancias que tienen encargadas funciones esenciales de Estado, esto es, que debía atenderse el problema como un acto puramente mercantil, a cargo de una agencia gubernamental desprovista del imperio propio de la autoridad.

Así, nuestro país fue pionero en la distinción de actos imperio de los meramente mercantiles imputables al sector público, sorteando una difícil y costosa disputa. De manera casi coloquial e incidental, quien reside en Palacio Nacional parece nos ha devuelto a la casilla cero en ese juego, al señalar que la fallida empresa petrolera dicta decisiones en posesión de atributos propios del Estado mexicano y que, en su improvisado órgano de administración, residen facultades que pueden originar responsabilidad internacional a cargo de éste.

El asunto no es menor, dado que es bien sabido que la tan cacareada disminución de deuda de Pemex, lejos de ser alivio del problema, es un evidente reconocimiento del estado de ruina en que se encuentra, dado que no se pagó con recursos generados en la operación cotidiana, sino que fue un desordenado y opaco rescate, que hace ver al tan criticado Fobaproa como un incidente menor. El tan atacado fideicomiso es objeto de constantes objeciones, asidas éstas en la ostensible ignorancia de quienes las vociferan. Primero, porque no saben que la deuda generada por el mismo nunca pasó a ser deuda pública, ya que el Congreso reprobó la solicitud presentada por Zedillo. Sí, cualquier persona medianamente conocedora del tema sabe que, por ley, la deuda del Fobaproa se canceló antes de las elecciones del año 2000.

También, quien sí conoce esa historia, sabe que ese fondo consiguió el resultado esperado y prometido. Se rescató al sistema bancario mexicano, evitando el colapso de la economía nacional. El costo fue alto, pero rindió fruto. En cambio, el inaceptable Pemexproa ha sido mucho más costoso, y hoy, ya sabemos, es, y será, un rotundo fracaso, ya que la petrolera cada día se hunde más y no tiene para cuando revivir. Tiene, como única salida, la inevitable privatización de lo residual. La deuda nacional e internacional del esperpento burocrático, ahora, podría ser sumada a la deuda nacional, pero por la vía menos deseable para las finanzas públicas, la forzada.