Frentes Políticos/ 17 abril 2024

1. “Ya se la saben, mi gente”. Invertir en Nayarit se ha convertido en una apuesta de alto riesgo. Con el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero al mando, la entidad es una cueva de ladrones. ¿Invertir o no invertir? El gobierno pretende expropiar un terreno a la empresa japonesa Sumitomo, lo que seguramente asustará al capital. No es sólo un “robo en despoblado”, es el miedo a invertir en un estado donde las reglas pueden cambiar a petición de Navarro Quintero. El gobernador tiene la tarea de limpiar la imagen de Nayarit ante los ojos de los posibles inversores, pero es obvio que le falta capacidad. Nayarit sigue a la baja.

2. Presión. Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, compartió una carta “que el Gabinete de Seguridad envió a todas y todos los ministros de la @SCJN advirtiendo nuestras preocupaciones y los riesgos para la seguridad nacional en caso de que se invalide la prisión preventiva oficiosa, sin un previo análisis que involucre a todos los Poderes del Estado”. Parece que el gabinete desea ser el guionista en la narrativa de la justicia, con el máximo tribunal como un actor secundario que debe seguir el libreto. En vez de cartas con tintes de coacción, sería más prudente fortalecer el sistema de justicia. Pero se van por lo fácil.

3. Seguridad renovada. Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad capitalina y candidato al Senado, representa la nueva cara de un proyecto: la Estrategia para la Seguridad y la Construcción de Paz. Con una reducción de 58% en delitos de alto impacto durante la gestión de Claudia Sheinbaum al frente del Gobierno local, sus logros son innegables. Con García Harfuch respaldando el proyecto de la 4T, hay razones para creer que la seguridad en la Ciudad de México podría entrar a una nueva era, una que respeta el pasado, pero que está firmemente dirigida hacia un futuro más seguro y prometedor. Sabe cómo hacerlo.

4. Censura invertida. La polémica no es nueva, pero sigue sorprendiendo: el Instituto Electoral de Guanajuato censura a medios en vez de reprender a presuntos agresores. Alejandra Gutiérrez, alcaldesa de León, alzó la voz por la libertad de prensa. La ironía es cruda, el IEEG actúa más rápido contra periodistas que contra un político acusado de agresión de género. El supuesto agresor continúa sin medida alguna, mientras la prensa carga con la advertencia. Aquí la libertad de expresión es un derecho y, a la vez, un rehén. ¿Cómo rectificará el IEEG? La audiencia espera y la democracia demanda.