Frentes Políticos/ 11 abril 2024

1. Desatención burocrática. Las solicitudes de protección para magistrados y funcionarios electorales, dirigidas a la ministra presidenta Norma Piña, parecen haberse extraviado en el laberinto administrativo, pues aún no tienen respuesta. Esta temporada electoral ha sido marcada por la tensión y la violencia, como lo ilustra el trágico suceso en Xochimilco, donde en un doble homicidio el pasado martes, una de las víctimas fue el chofer del director general de Comunicación Social del TEPJF. Ante un ambiente de crispación extrema, nadie debe estar vulnerable. Norma Piña lo agendará a la brevedad. No es mucho pedir.

2. Avances. La gobernadora Delfina Gómez ha tomado varias medidas para atender los reclamos de los movimientos sociales en el Estado de México, especialmente en temas que inciden en diferentes sectores de la sociedad. En la búsqueda por responder de manera integral y humanista a las necesidades de la población, respecto a los centros penitenciarios que dependen de la Secretaría de Seguridad, su titular Andrés Andrade informó que sólo una persona realizó huelga de hambre de las tres mil que se tenían contempladas. Se avanza en la presunción de inocencia, el corazón de los reclamos. Abandonados no están, y eso es garantía.

3. Abuso burocrático. En plena opulencia, Rocío Nahle y su clan familiar se encuentran en el ojo del huracán, con propiedades que rebasan los 60 millones de pesos, incluido un departamento en Valle Oriente, el enclave de lujo de Nuevo León. ¿Por qué esta riqueza desmedida no sorprende ya en el ámbito político? La revelación, cortesía de Arturo Castagné, descubre no sólo una propiedad valorada en más de 28 millones, sino además un asomo a las dinámicas de poder y privilegio que tienen los servidores públicos. Lo más grave del asunto es que, por ser candidata del oficialismo, no haya repercusiones.

4. Polémica reforma. Ignacio Mier, líder nacional de Morena, propone transferir ahorros de las afores a un Fondo de Pensiones del Bienestar. Promete pensiones de entre 16 mil 400 y 18 mil 400 pesos. Este cambio beneficiaría a 45 millones de personas cotizantes post 1997, hoy con jubilación incierta o raquítica, según la iniciativa que está en proceso legislativo. Pero ésta carece de consenso y enfrenta críticas de desinformación, especialmente de Acción Nacional. Mier busca la votación antes del 30 de abril, sólo que hay un detalle: las matemáticas no son lo suyo. Mucho cuidado.

5. Peligro. Más de 200 miembros de la sociedad civil en México están exhortando al Senado a cumplir con su obligación constitucional de nombrar a los 44 magistrados electorales que faltan, incluyendo dos posiciones cruciales en la Sala Superior del TEPJF. Estas figuras son fundamentales para la calificación de las elecciones presidenciales. Entre los firmantes del documento dirigido al Senado, se encuentran figuras relevantes de la sociedad civil, como Agustín Basave, académico y expresidente del PRD; Diego Valadés, jurista y académico de la UNAM, y Blanca Heredia, politóloga y exfuncionaria pública. Escúchenlos. Es apremiante.