¿Resurge el Sistema Nacional Anticorrupción?

Más que resurgir, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se integra por fin.

A casi cuatro años de la promulgación de la reforma constitucional que dio paso al  Sistema Nacional Anticorrupción (mayo de 2015), apenas pudo integrarse plenamente, –faltaba una de las piezas clave, el nombramiento de la Fiscalía Anticorrupción, que ocurrió hace una semana–.

La nueva legislatura senatorial remedió la omisión. 

Sin objeción, el Senado de la República dio valor al nombramiento de María de la Luz Mijangos Borja como la primera Fiscal Anticorrupción, propuesta ante la Cámara alta del nuevo Fiscal General de
la República.

Con el nombramiento del Fiscal Anticorrupción inició la vigencia de los delitos de corrupción, para lo que fue reformado el Código Penal Federal.

 El pasado 21 de marzo, justamente, en el día de fiesta nacional por el aniversario del natalicio de Benito Juárez García –Benemérito de las Américas–, hubo lugar para una histórica reunión, me refiero a la sesión extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, celebrada en la sede de la Secretaría de la Función Pública, el motivo de la sesión extraordinaria fue adoptar una decisión controversial pero necesaria.

Era fundamental encontrar consenso para remediar el problema de la aplicación de los formatos para las declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés.

Los formatos para las declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés fueron aprobados en septiembre del 2018, por los integrantes del entonces Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, se trató de una decisión orientada aunque acaso insuficiente, después de estudios y de análisis diversos, los integrantes del Comité Coordinador aprobamos los formatos y, tras una votación dividida, que su entrada en vigor fuera hasta abril de 2019.

 En enero pasado tuvimos sesión del Comité Coordinador en la sede del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), ahí  la titular de la Secretaría de la Función Pública, expuso que tenía reservas sobre las características de los formatos, era necesario resolver su puesta en aplicación prevista para dentro de dos meses.

Resultaba indispensable contar con la opinión de la Fiscalía Anticorrupción que, como arriba expuse, apenas inició sus funciones y para armonizar las diferencias, acordamos someter los formatos a una nueva revisión para mejorarlos, especialmente, para simplificarlos a efecto de volverlos más sencillos de cumplir por parte de millones de servidores públicos de la Federación, la enorme mayoría, pertenecientes a la Administración Pública Federal que encabeza el Presidente de la República.

Así las cosas, el Presidente del CPC y del Sistema Nacional Anticorrupción, la Auditoria Superior de la Federación, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Anticorrupción, el Consejo de la Judicatura y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales acordamos instalar una mesa técnica para revisar integralmente los formatos aprobados el año pasado y resolver su mejora a efecto de hacerlos obligatorios para declaraciones de inicio, modificación y conclusión de actividades funcionariales al 31 de diciembre de 2019.

De esa manera, el escrutinio reforzado del funcionariado público será efectivo a partir de 2020. El Sistema Nacional Anticorrupción se ha construido palmo a palmo, conviene sostener paso firme y seguro para hacerlo funcionar plenamente.

Comisionado presidente del Inai

Twitter: @f_javier_acuna