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Órganos autónomos (no es lo mismo el poder que la autoridad)

Francisco Javier Acuña

Francisco Javier Acuña

Se asegura que los órganos autónomos vinieron a “pulverizar el poder” y eso es  falso.

El poder es indivisible. En cambio, sí se pueden separar las funciones en las que se debe manifestar en términos de autoridad. El poder puede ser extralegal y/o plenamente ilícito (ilegal). La autoridad pública sólo puede ser jurídicamente válida.

En democracia la clave radica en evitar que haya concentración del poder público. El Poder Ejecutivo es el origen del problema y la causa de la solución que propuso Montesquieu y que John Locke acompañó con alcances complementarios (frenos y contrapesos). Urgía, aunque  hubiera habido monarcas sensatos. Se trataba de algo así como domesticar al poder, porque el poder es, por esencia, incivilizado.

Toda teoría democrática ha girado en torno a ponerle topes al poder público. Concepción con la que se fueron identificando las democracias de la segunda parte del siglo XX. Después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial fue inevitable reconocer que Adolfo Hitler arribó al poder desde el método “formalmente democrático”, traicionando la vanguardista Constitución de Weimar (1919).

Quedó claro que no bastaba tener Constitución. Como decía don Pablo Lucas Verdú: “…hay que vivir en Constitución…”. Tiene que haber mecanismos para blindar el Poder Legislativo y el Judicial frente a un Poder Ejecutivo dispuesto a instrumentalizarlos, someterlos por la fuerza invisible de los hechos o cooptarlos: capturarlos.

Los organismos autónomos, en el caso mexicano, surgieron entre 1990 y 2015, con la finalidad de extirpar del Poder Ejecutivo federal y del estatal y del municipal (por inercia genética) esa capacidad absoluta para hacer y deshacer todo cuanto se propusieran y quisieran culminar.

El presidencialismo mexicano es copioso de penosos ejemplos y no sólo del Porfiriato.

Durante la década de los años setenta y principios de los años ochenta el despotismo presidencial conquistó la cúspide de la barbaridad.

La alineación de México al GATT fue la vía que exigió el esquema financiero internacional. No hubo moratoria internacional colectiva (lo que, en definitiva, habría  cambiado la suerte del mundo).

Al margen de las contradicciones del “modelo neoliberal”, que se acendró con los tratados de libre comercio, el TLC (NAFTA) por delante, nos permite decir que, acaso lo único bueno que dejó para México (no para sus gobernantes, por malos o buenos que fueran) fue cancelar —poco a poco y vía instituciones— espacios para los excesos presidenciales.

 

 

 

Los órganos autónomos vinieron a servir de equilibrio al certificar las decisiones públicas en dos direcciones. La primera, las que impactan en la economía, sus procesos  y procedimientos —para así evitar que se comprometa la soberanía frente al juego externo y el interno—, revisan y controlan trámites que puedan desbordar la inversión pública y la privada y un largo etcétera (el Banco de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Cofece, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la CRE).

Y en otra, para reforzar directa e indirectamente la garantía de los derechos de todos y todas a partir de la certidumbre electoral (el INE), la transparencia pública y la protección de la vida privada (el Inai); la tutela de los derechos y libertades en general (la CNDH).

Los órganos autónomos son barreras y semáforos para que el ciudadano sepa cómo cruzar por las calles del Estado y del mercado, para que pueda elegir y pueda reclamar o disentir con información y juicio propio y sea menos vulnerable frente a los demás y, principalmente, frente a los vicios invictos del mal gobierno que engaña, se retrasa en los servicios, humilla y olvida los deberes puntuales.

Los órganos autónomos no compiten con los tres órganos básicos del poder público, son, en cambio, fuente de instrumentos que favorecen ejercicios armoniosos de la autoridad pública. Es muy distinto. Los “poderes fácticos”: el narco o la impunidad son poderosos y temibles, pero no son autoridad. No es lo mismo un gobierno con autoridad presidencial que un régimen presidencialista.

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