Venezuela: colapso democrático

Durante la pasada XVII Reunión Interamericana de Autoridades Electorales señalé que la falta de transparencia en las elecciones presidenciales venezolanas evidenció el colapso del sistema democrático y la carencia absoluta de integridad electoral en los comicios.

¿En qué proceso electoral del mundo se pueden esperar más de tres semanas para conocer las evidencias que garantizan un resultado? En ninguna otra parte del planeta tierra.

Es muy claro: los venezolanos decidieron en una dirección contraria a los espurios resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Las autoridades administrativas y jurisdiccionales fueron secuestradas por el régimen, obedeciendo ciegamente los designios del dictador.

El ciclo del fraude se ha completado. La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela “certificó” el material electoral supuestamente peritado y “convalidó categóricamente” los resultados emitidos por el CNE. La farsa se consumó puntualmente.

Esta nueva acción antidemocrática, inconstitucional e ilegal del TSJ ha vulnerado toda garantía de transparencia y publicidad del proceso electoral, transformándose en la confirmación de un guion impuesto desde la tiranía.

Esta medida ha merecido el repudio de toda la comunidad internacional. La Secretaría General de la OEA, de forma inmediata, comunicó su rechazo rotundo al fallo emitido por la Sala Electoral del TSJ.

El Tribunal emitió una sentencia sin revelar los argumentos de la parte recurrente, sin analizar la legitimación activa o pasiva del recurso presentado, sin detallar los elementos técnicos que la persuadieron sobre la supuesta autenticidad de las actas que el CNE dice haber consignado en sus estrados y sin explicar con base en qué criterios o evidencias da por un hecho el “ataque cibernético masivo” contra el sistema electoral.

La Secretaría General reiteró que no existe en el ordenamiento jurídico venezolano procedimiento alguno que permita a la autoridad electoral “investigar y verificar” los resultados ni realizar peritajes a los mismos. Tanto la Ley Orgánica de Procesos Electorales como la Ley Orgánica del Poder Electoral le atribuyen exclusivamente al CNE la función de totalizar, adjudicar y proclamar los resultados.

En la misma dirección, la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indicó que tanto el TSJ como el CNE carecen de imparcialidad e independencia, y han desempeñado un papel dentro de la maquinaria represiva del Estado.

A lo anterior se suma la contundente declaración de Juan Carlos Delpino, miembro del CNE, quien declaró a The New York Times: “No recibí evidencia alguna” de que Maduro hubiera obtenido la mayoría de los votos. Delpino, uno de los dos miembros del consejo electoral cercanos a la oposición, habló desde la clandestinidad, temeroso de las reacciones de la dictadura.

BALANCE

Como lo señaló el secretario general de la OEA, Luis Almagro, la democracia es más que un sistema de gobierno; es un pacto sagrado entre la ciudadanía y el Estado, una promesa de que cada voz será escuchada y cada voto contará. Las autoridades electorales son los custodios, los garantes de que esa promesa se cumpla.

Los organismos electorales son los faros de la democracia. Cuando el árbitro renuncia a su autonomía e independencia, sus designios pierden autoridad moral y política. Se transforman en cómplices y esbirros del poder en turno, tal y como sucedió en Venezuela. No hay espacio para la ambigüedad; las autoridades electorales deben seguir dignificando su trabajo y repudiar a quienes sirven de alfombra a la tiranía.

                *Los puntos de vista son a título personal.

                No representan la posición de la OEA