Triada infame

La erradicación de la pobreza y la pobreza extrema, así como la reducción de la desigualdad, son desafíos centrales para los países del hemisferio, de acuerdo al Panorama Social de América Latina 2018 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL).

La desigualdad es, lamentablemente, una característica estructural de las sociedades de la región. El promedio de los índices de Gini de 18 países bajó de 0.543 en el 2002 a 0.466 en el 2017, según las cifras del estudio. A ello se suma que el ritmo de reducción continúa siendo cada vez más lento. Si bien las cifras son heterogéneas entre países, su existencia y magnitud constituyen un denominador común.

De acuerdo con el Panorama Social de América Latina de CEPAL, sólo en el 2018 la pobreza alcanzaría a 182 millones de personas (29.6% de la población) y la pobreza extrema a 63 millones de personas (10.2% de la población). Con ello, la pobreza extrema habría registrado su nivel más alto en la última década, en un claro contraste con los avances registrados entre 2002 y 2014.

La realidad de la región plantea muchos elementos para la reflexión. ¿Cómo es posible que aún existan millones de personas viviendo en cinturones de miseria, tanto urbanos como rurales? ¿Cómo es posible que, en muchos casos, el acceso al sistema de salud y de educación sea tan sólo el privilegio de algunos? ¿Cómo es posible que exista hambruna en países exportadores netos de alimentos a nivel mundial?

Millones de personas quedan atrapadas en condiciones de pobreza y de pobreza extrema por generaciones. Los altos niveles de corrupción en muchas sociedades y la precaria seguridad jurídica agravan aún más la situación. Se genera un círculo vicioso, entre dichos elementos, que afecta la dignidad humana de millones de seres humanos.

La publicación titulada “Seguridad jurídica, pobreza y corrupción”, de la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, aborda los principales aspectos de la relación entre esos tres temas centrales de una triada infame: inseguridad jurídica, pobreza y corrupción.

El profesor Jorge Malem Seña, de la Universidad Pompeu Fabra, presenta un análisis ilustrado de la interrelación entre la pobreza, la inseguridad jurídica y la corrupción. Como indica el autor, “la triada pobreza, corrupción e inseguridad es nefasta para una sociedad”. Por ello, afirma “en contextos de pobreza y corrupción, la seguridad jurídica no puede florecer”.

Como indica Malem Seña: “La pobreza afecta todos los aspectos de la vida de un individuo e incluso de la sociedad”. Por ello, el autor señala con claridad que la triada pobreza, inseguridad jurídica y corrupción genera evidentes limitaciones en materia de derechos humanos y ciudadanía. En suma: es una combinación letal que impide el goce de una vida digna de millones de ciudadanos y que tiene efectos devastadores en la democracia. Su impacto negativo es visible en todas las esferas de una sociedad y afecta a todos sus habitantes.

La pobreza, la inseguridad jurídica y la corrupción nutren exponencialmente un círculo vicioso que erosiona el tejido democrático, agudiza la falta de cohesión social, incide en la convivencia pacífica y profundiza el desencanto ciudadano con la democracia. Es la condición perfecta para el florecimiento del clientelismo y la demagogia populista.

BALANCE

La preservación de la democracia demanda del funcionamiento adecuado de sus instituciones y de dirigentes que gobiernen para todos, sin excepción, entregando resultados concretos con los más altos estándares de integridad y probidad para asegurar una vida digna del conjunto de la población.

El pleno respeto a la igualdad de derechos es fundamental para combatir esta triada infame. Generar condiciones que permitan una mejora en las condiciones de vida de la población va más allá de la retórica de las campañas electorales. Construir gobiernos que la combatan, sin demagogia ni populismo, es el mayor reto de la democracia en las próximas décadas.